El régimen cubano no fomenta el entorno favorable para que exista una verdadera sociedad civil en Cuba y tampoco le interesa, según reseña Diario de Cuba.
El régimen cubano no ha implementado totalmente ninguna de las recomendaciones referentes a los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en cuanto a ese tema y las instituciones cubanas lo recuerdan.
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Se trata de la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana (CIVICUS) y la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), organismos que presentaron juntos un informe conjunto al Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Cuba.
Demostrado
El informe se centra en demostrar la nula voluntad política del régimen de implementar las recomendaciones dadas por la ONU en cuanto a facilitar un entorno para que la sociedad civil cubana pueda operar.
"CIVICUS @CIVICUSalliance y la CCDHRN también están alarmados por el acoso y la persecución que enfrentan las organizaciones y activistas de la sociedad civil,…"
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Mantienen que están “profundamente preocupados por las trabas constitucionales y legales que obstaculizan el ejercicio de las libertades básicas de asociación, reunión pacífica y expresión en Cuba”.
Además, hallan alarmante “el acoso y la persecución que enfrentan las organizaciones y activistas de la sociedad civil, y particularmente por las detenciones arbitrarias, los allanamientos de sus domicilios y oficinas, y por la persistencia de la censura”.
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El régimen cubano habría aceptado tres recomendaciones al respecto y tomó nota de seis, pero la realidad es que “no ha tomado medidas adecuadas para implementar, siquiera parcialmente, ninguna de ellas”, sentencia el informe.
CIVICUS cataloga el espacio para la sociedad civil en Cuba como “cerrado”, la categoría más baja.
Números
Con todo y las restricciones, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han proliferado en Cuba sobretodo en el ámbito religiosa.
Sin embargo, la mayoría son consideradas ilegales porque están “no logran inscribirse en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia y por lo tanto están fuera de la órbita del Estado socialista”.
Denunciaron que las organizaciones que funcionan sin autorización enfrentan una amplia gama de obstáculos, tales como dificultades para abrir una cuenta bancaria, adquirir un local o recibir fondos de la cooperación internacional.
“La pertenencia a organizaciones no reconocidas es tratada como un delito y castigada con multas o prisión”, criticaron.
Exigencias
CIVICUS y la CCDHRN demandan al régimen cubano:
- Derogar o enmendar, en línea con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos, toda legislación, incluido el Código Penal, que restrinja injustificadamente la labor legítima de los defensores de derechos humanos.
- Eliminar toda referencia a la ‘peligrosidad social pre-delictiva‘ y deje de utilizar los delitos contra la seguridad pública tipificados en el Código Penal, tales como propaganda enemiga, rebelión, sedición, sabotaje y revelación de secretos relativos a la seguridad nacional, contra disidentes pacíficos y defensores de derechos humanos en ejercicio de sus derechos fundamentales
- Libertar inmediata e incondicionalmente a todos los defensores de derechos humanos, blogueros y periodistas detenidos por ejercer sus derechos fundamentales a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, y rever sus casos para prevenir ulteriores acosos
- Abstenerse de tomar represalias contra activistas de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y periodistas por interactuar con las instituciones de derechos humanos de la ONU o el Sistema Interamericano
Redacción Cubanos por el Mundo
