En una nota publicada este martes 5 de abril, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC), Granma intentó justificar las condenas a 30 años de prisión contra los manifestantes cubanos del 11 de julio.
Además, la prensa castrista busca justificar también las sanciones de privación de libertad para quienes participaron en las protestas, de entre 16 y 20 años de edad.
La cataloga como “hechos vandálicos” a las históricas manifestaciones que se dieron en todo el país, entre las fechas del 11 y 13 de julio de 2021.
Los invitamos a leer 👉 La defensa de los detenidos del 11 de julio, en el guion de la guerra blanda contra #Cubahttps://t.co/bcC0vPci9X
— Periódico Granma (@Granma_Digital) April 6, 2022
Granma indica que los dos condenado a 30 años de prisión, fueron juzgados por los presuntos delitos de sedición, ya que fueron señalados de armarse con piedras, botellas y otros recursos para agredir a agentes de castrismo.
Esta explicación escueta, fue una respuesta a la reciente declaración del Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien pidió al régimen que liberara a los presos políticos, en especial a los que enfrentan la alta sentencia.
La nota además indica que, uno de los condenados era reincidente en la comisión de hechos delictivos, que además, estaba de licencia extrapenal.
Sobre el otro manifestante, el artículo menciona que este era “multirreincidente” y ya había sido condenado a 12 años de prisión, por los delitos de robo con fuerza, y a tres meses de privación de libertad por hurto.
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El régimen cubano trata de mostrar como delincuentes comunes, a todos los cubanos que expresen pensamientos adversos a los del castrismo.
Por su parte, sobre los presos políticos que fueron sentenciados a 16 y 20 años de cárcel, el medio oficialista indica que los mismos tuvieron una reducción de los marcos mínimos y máximos de las penas y que a 22 de los 31 sentenciados, se les probó “mala conducta social”, sin hacer mención en qué se basan para dicha acusación.
Para Granma, las peticiones de libertad por parte de los organismo internacionales, hacen parte de una “campaña subversiva” en contra del régimen castrista y aseveran que las manifestaciones fueron financiadas desde el extranjero, no obstante, no presentan pruebas de ello.
La nota cita una investigación de un grupo venezolano llamado Misión Verdad, que reza que la ONG argentina Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) “estimuló económicamente las protestas” y que medios independientes cubanos fueron otros actores para impulsar la campaña contra el castrismo.
Redacción de Cubanos por el Mundo
