El 16 de octubre, la Junta Directiva emitió una declaración condenando la inminente injusticia que enfrenta la historiadora y profesora cubana Alina Bárbara López Hernández, quien está programada para ser juzgada por “desobediencia” el próximo 16 de noviembre. La acusación se origina de su negativa a responder a una citación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) que carecía de las formalidades legales esenciales, incluyendo la ausencia de fecha, hora y razones de la convocatoria.
La comunidad académica y los defensores de los derechos humanos han levantado su voz en defensa de Alina Bárbara López Hernández, subrayando la naturaleza política de su enjuiciamiento y el continuo patrón de acoso y discriminación que enfrentan los disidentes en Cuba.
La declaración cita al clérigo y Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu: “Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”, enfatizando que no hay lugar para la neutralidad cuando los derechos fundamentales están en juego.
López Hernández, quien previamente había sufrido acoso y agresión física por parte de agentes de la Seguridad del Estado, ahora enfrenta un proceso judicial que muchos consideran una violación flagrante de los derechos consagrados en la Constitución cubana de 2019. La declaración cuestiona la legitimidad de un sistema que supuestamente protege los derechos de sus ciudadanos, pero en la práctica, los criminaliza por ejercer esos mismos derechos.
noticia relacionada: Tribunal Municipal de Matanzas acusa a la historiadora y politóloga Alina Bárbara López Hernández por el presunto delito de “desobediencia”
Además de Alina Bárbara López Hernández, cientos de cubanos enfrentan penas severas, discriminación y diversas formas de intimidación y castigo por sus creencias políticas, expresa la declaración, que exige además la liberación de los presos políticos y el fin de la discriminación política, instando al gobierno cubano a respetar y garantizar los derechos articulados en su propia Constitución.
La situación de Alina Bárbara López Hernández es un recordatorio sombrío de que, en Cuba, la disidencia política sigue siendo un acto castigado, y que la lucha por la justicia y los derechos humanos es más crucial que nunca. La declaración concluye con un llamado a la integridad, la decencia y la justicia, rechazando cualquier forma de exclusión política y subrayando que la verdadera neutralidad no existe en el contexto de la injusticia.
