La Corte Suprema de Justicia del Perú emitió este jueves una sentencia histórica contra el expresidente Pedro Castillo, condenándolo a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para la rebelión, derivado del fallido intento de disolución del Congreso ocurrido el 7 de diciembre de 2022.
El tribunal determinó que Castillo participó en un plan destinado a disolver el Congreso, intervenir la Judicatura y gobernar por decreto, acciones que buscaban evitar un tercer pedido de destitución en su contra por presuntos casos de corrupción.
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Aunque la Fiscalía había solicitado una pena de hasta 34 años por rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público, los jueces optaron por condenar al expresidente de Perú, Pedro Castillo, únicamente por conspiración para la rebelión, estimando que los hechos denunciados no configuraron una rebelión consumada.
Asimismo, el fallo incluyó una inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años y una reparación civil conjunta de 12 millones de soles (aproximadamente 3,5 millones de dólares) junto a sus coacusados.
La condena no solo recayó sobre Castillo. Entre los condenados figuran también su ex primera ministra, Betssy Chávez, y el exministro del Interior, Willy Huerta, quienes recibieron la misma pena de 11 años, 5 meses y 15 días. Asimismo, el exjefe de asesores, Aníbal Torres, fue condenado a seis años y ocho meses, aunque su sentencia fue reducida dadas sus condiciones de salud y edad.
Cabe recordar que, el 7 de diciembre de 2022, ante la inminencia de un nuevo proceso de destitución, Pedro Castillo anunció la disolución temporal del Congreso de Perú, la intervención de la Justicia y estableció un “gobierno de excepción” con toque de queda, movimientos interpretados por sus detractores como un intento de golpe de Estado.
Sin embargo, careció de apoyo de las Fuerzas Armadas y de las instituciones clave: en pocas horas fue detenido tras abandonar el Palacio de Gobierno con rumbo a la embajada de México. Poco después, el Congreso lo destituyó y su mandato concluyó abruptamente.
Desde entonces, permanecía en prisión preventiva en el penal de Barbadillo, donde ahora deberá cumplir la condena.
El veredicto representa un hito en la historia reciente del país, ya que es la primera vez que un expresidente es condenado por un intento de golpe de Estado tras ocupar el cargo.
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Redacción Cubanos por el Mundo
