El adolescente Jonathan Muir Burgos, preso político de 16 años recluido en la cárcel de adultos de Canaleta, en Ciego de Ávila, recibió el lunes la primera visita de su familia desde que el régimen cubano lo encarceló hace casi un mes, tras las protestas que sacudieron a Morón el 13 de marzo en medio de apagones prolongados y escasez generalizada de alimentos.
Sus padres, el pastor Eliel Muir Ávila y Minervina Burgos, junto a sus hermanos, pudieron verlo, abrazarlo, entregarle una Biblia y orar con él, en un contacto que la dictadura había negado durante semanas con la misma frialdad con la que mantiene a un menor enfermo en una celda por haberse atrevido a protestar en la calle.
Una visita que no es victoria
El pastor Mario Félix Lleonart, director del Instituto Patmos y uno de los líderes religiosos que ha seguido el caso de Jonathan Muir desde el primer día, advirtió con precisión a Martí Noticias la diferencia entre lo que ocurrió el lunes y lo que la familia exige: “El objetivo no es verlo con vida dentro de un mes, el objetivo es tenerlo libre en su casa y en su iglesia”.
Lleonart denunció además que el régimen utiliza las visitas como instrumento de control, condicionándolas al comportamiento del recluso y sometiéndolas a decisiones arbitrarias para mantener a las familias atrapadas en un ciclo de dependencia que neutraliza su capacidad de denuncia pública y convierte cada encuentro en una concesión que hay que agradecer en lugar de un derecho que se ejerce.
Un menor enfermo en una cárcel diseñada para adultos
Jonathan Muir padece una enfermedad crónica de la piel, la deshidrosis, que durante su reclusión se complicó con dos infecciones bacterianas simultáneas que requirieron tratamiento con cinco antibióticos de alto espectro y que dejaron su sistema inmunológico en un estado de fragilidad documentado por su propia familia ante organismos internacionales.
Dentro de Canaleta, según reportes de activistas y organizaciones de derechos humanos, ese tratamiento no se está administrando de forma adecuada, en una instalación penitenciaria donde en febrero estalló un motín vinculado al hacinamiento, la alimentación deficiente y la ausencia de atención médica básica, condiciones que el régimen no ha reconocido ni corregido.
Lo que el castrismo llama “sabotaje”
Jonathan Muir enfrenta un cargo de sabotaje, la misma figura penal que el régimen utilizó de forma masiva contra los manifestantes del 11J en 2021, y que en su variante más grave contempla cadena perpetua e incluso pena de muerte, todo aplicado sobre un adolescente de 16 años que únicamente gritó consignas en la calle cuando la protesta pasó frente a su barrio en Morón.
El 25 de marzo, un tribunal de Ciego de Ávila rechazó el recurso de habeas corpus a Jonathan Muir presentado por la familia, una decisión que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respondió días después con un requerimiento oficial al canciller del régimen, Bruno Rodríguez Parrilla, exigiendo información sobre las condiciones de reclusión del menor en un plazo de cinco días que ya venció sin respuesta.
Un patrón de represión que incluye a menores
Jonathan Muir no es el único adolescente que el castrismo mantiene entre rejas por las protestas de marzo: la organización Cubalex documentó al menos cuatro menores detenidos en el contexto de las manifestaciones de Morón, y al menos dos siguen presos, entre ellos Cristian Crespo Álvarez, también de 16 años y también acusado de sabotaje por su participación en aquella jornada.
Prisoners Defenders mantiene en su registro oficial de presos políticos a 31 menores de edad que cumplen sentencia o enfrentan proceso penal en Cuba, 29 niños y 2 niñas, una cifra que el régimen no discute porque no puede, y que sitúa a la dictadura cubana entre los pocos gobiernos del mundo que encarcela a adolescentes por manifestarse en la calle reclamando libertad y luz eléctrica.
La familia agradece pero no cede
Los padres de Jonathan Muir agradecieron el apoyo recibido dentro y fuera de la isla por parte de activistas, organizaciones religiosas, diplomáticos y ciudadanos que han mantenido vivo el caso durante semanas, pero el pastor Lleonart cerró el relato de la visita con la misma claridad con la que comenzó: “Seguimos clamando hasta que Jonathan esté libre”.
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Esa frase resume lo que el régimen no ha logrado con semanas de aislamiento, con el traslado a una cárcel de adultos, con el rechazo del habeas corpus y con la negación del tratamiento médico: silenciar a una familia que aprendió dentro de un sistema que persigue a los pastores independientes que la única respuesta posible al castrismo es no conformarse nunca con el mínimo que la dictadura decide otorgar.