Una multitud integrada por panameños, cubanos residentes y costarricenses se concentró con el objetivo de exigir justicia y la liberación inmediata de los siete ciudadanos panameños detenidos en Cuba.
La jornada, cargada de indignación frente a los atropellos de la dictadura castrista, inició en el emblemático Parque Belisario Porras y culminó en una protesta firme ante la sede de la embajada de Cuba, donde el malestar social por la vulneración de los derechos humanos de estos jóvenes se hizo sentir en cada consigna.
La organización Camino a la Democracia de Cuba lideró esta movilización que desnudó, una vez más, el rostro represivo del sistema político que impera en la isla. Con pancartas que mostraban las imágenes de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro acompañadas de mensajes de rechazo contundente, los manifestantes dejaron claro que el sentimiento de hermandad entre los pueblos supera cualquier frontera impuesta por la ideología.
Los gritos de “¡Patria y Vida!” y “¡Cuba Libre!” no solo fueron un respaldo a los presos políticos cubanos, sino un escudo humano para los extranjeros que hoy sufren el encierro en las mazmorras de la Seguridad del Estado.
Durante la manifestación, los organizadores fueron tajantes al señalar la gravedad de la situación que atraviesan los panameños bajo custodia del régimen.
«Estamos aquí, firmes y unidos, exigiendo la liberación inmediata. No podemos guardar silencio mientras continúan las injusticias», declararon los voceros de la protesta.
Exigen que Panamá rompa relaciones con el castrismo ante situación de los panameños detenidos en Cuba
Este grupo de manifestantes no solo apuntó sus críticas hacia La Habana, sino que también elevó una petición directa al Palacio de las Garzas. Exigieron al Gobierno del presidente José Raúl Mulino una postura de mayor firmeza, que contemple incluso la ruptura de vínculos diplomáticos con la isla hasta que se garantice el respeto a la dignidad humana.
La génesis de este conflicto se remonta al pasado mes de febrero. En aquella fecha, el Ministerio del Interior de Cuba ejecutó el arresto de diez ciudadanos panameños detenidos en Cuba mientras se encontraban en La Habana. La acusación del régimen se basó en la supuesta colocación de carteles antigubernamentales en zonas populares como Boyeros.
Bajo el amparo del artículo 124 del Código Penal cubano, una herramienta legal utilizada históricamente para silenciar la disidencia, la dictadura los señaló por “propaganda contra el orden constitucional”, un delito que acarrea penas de hasta diez años de privación de libertad.
No obstante, el pasado 25 de abril las autoridades cubanas permitieron el regreso a suelo panameño de tres mujeres, Evelyn Castro, Cinthia Camarena y Abigail Gudiño, tras la mediación del canciller Javier Martínez-Acha, la angustia persiste para siete familias. Víctor Manuel Pinzón Cedeño, Anthony Williams Jules Pérez, Omar Gilberto Urriola Vergara, Maykol Jesús Pérez Almendra, Adalberto Antonio Navarro Asprilla, Patrochiny Jerodany Joseph Arisarena y José Luis Aguirre Baruco son los nombres de los hombres que permanecen encerrados. La falta de transparencia del sistema judicial cubano convierte cada día de espera en una tortura para sus allegados en Panamá.
Prensa castrista lloriquea tras manifestación por ciudadanos panameños detenidos en Cuba
Por su parte, el aparato de propaganda del castrismo no tardó en reaccionar con su guion habitual. A través de medios oficiales como Prensa Latina, la dictadura intentó desvirtuar la legitimidad del reclamo ciudadano sobre los panameños detenidos en Cuba calificando a los manifestantes como «grupúsculos contrarrevolucionarios» enviados desde Miami.
Con un lenguaje que evoca la Guerra Fría, describieron a la organización convocante como una «fachada» de intereses extranjeros. Para el régimen, cualquier muestra de solidaridad internacional hacia los ciudadanos panameños detenidos en Cuba representa un «desafío propagandístico» orquestado por Washington para supuestamente aislar al país caribeño.
Sin embargo, fuentes externas y figuras de la oposición interna en Cuba manejan una versión muy distinta a la narrativa oficial. José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), indicó en su momento que la labor de estos panameños en la isla tenía un componente humanitario profundo. Según estas informaciones, los jóvenes distribuían alimentos y medicinas a presos políticos en la provincia de Matanzas, una realidad que el régimen cubano omite deliberadamente para justificar la criminalización de la ayuda solidaria.
En el ámbito político interno, el canciller panameño Martínez-Acha insistió en una estrategia de “diplomacia discreta”. El funcionario sostuvo que los manifestantes debían ser «respetuosos de las leyes y la soberanía de Cuba», argumentando que la presión pública podría entorpecer los canales de diálogo abiertos para lograr la repatriación de los siete ciudadanos panameños detenidos en Cuba. No obstante, para quienes estuvieron frente a la embajada, la soberanía no puede estar por encima de la vida y la libertad de las personas.
La presión social en Panamá crece a medida que pasan las semanas sin resultados definitivos sobre los panameños detenidos en Cuba. La sociedad civil exige que no se olvide el paradero de estos siete hombres que permanecen en Villa Marista, un centro conocido por ser el epicentro de los interrogatorios de la inteligencia castrista.