El Gobierno de Panamá confirmó en las últimas horas la excarcelación de tres de sus ciudadanas que permanecieron secuestradas por el aparato represivo de Cuba desde finales de febrero.
Evelyn Castro, Cinthia del Carmen Camarena y Abigail Sthefany Gudiño recuperaron su libertad tras semanas de incertidumbre en las que el régimen intentó utilizarlas como ejemplo de su política de mano dura contra cualquier vestigio de libertad de expresión.
Sin embargo, el esfuerzo del Ministerio del Interior por silenciar el descontento resultó inútil, pues a pesar de este proceso legal, los muros de La Habana y otras provincias siguen amaneciendo con mensajes que exigen el fin de la tiranía y el retorno de la democracia.
El retorno de las tres mujeres a Panamá se produjo a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen, marcando el primer éxito tangible de las gestiones diplomáticas impulsadas por el mandatario José Raúl Mulino, según precisaron medios de ese país.
Las jóvenes formaron parte de un grupo de diez ciudadanos que la Seguridad del Estado detuvo arbitrariamente bajo la acusación de “propaganda contra el orden constitucional”.
Según el discurso oficial del castrismo, estas personas recibieron pagos para colocar carteles, pero la realidad en la calle cuenta una historia muy distinta: el cansancio de un pueblo que ya no teme señalar a sus opresores.
Panamá celebra liberación de sus ciudadanas, mientras en las calles de Cuba siguen apareciendo carteles contra la dictadura
Para justificar la liberación, la diplomacia de Panamá señaló que la decisión de las autoridades cubanas se amparó en figuras jurídicas como el “colaborador eficaz” y el “criterio de oportunidad”. Aunque el comunicado oficial calificó la medida como “un gesto de humanidad y amistad hacia Panamá”, los analistas internacionales coinciden en que se trata de una estrategia de limpieza de imagen ante la presión internacional.
Mientras los funcionarios se estrechaban las manos, los cubanos de a pie continuaron su labor de resistencia civil, demostrando que el espíritu de cambio no depende de actores externos, sino de una sociedad que ya no soporta la escasez y la falta de libertades.
El grupo original, que llegó desde Panamá con el propósito de entregar ayuda humanitaria, enfrentó condiciones de reclusión en Villa Marista, el temido centro de operaciones de la inteligencia castrista. Jair Ortiz, un joven panameño que logró evadir el arresto antes de que los agentes irrumpieran en el lugar de alojamiento, desmintió las versiones de mercenarismo que intentó imponer el régimen.
Ortiz relató que el objetivo real del viaje consistió en distribuir alimentos, medicinas y productos de primera necesidad a más de cincuenta familias en situación de vulnerabilidad extrema, incluyendo a parientes de presos políticos que sufren el acoso constante de las autoridades.
A pesar de este avance, la situación dista de ser un triunfo total para el respeto de los derechos humanos. Todavía permanecen siete ciudadanos de Panamá bajo custodia de la dictadura, sometidos a un sistema legal donde la presunción de inocencia es un concepto inexistente.
El canciller Javier Martínez-Acha, quien viajó personalmente a La Habana para entrevistarse con Miguel Díaz-Canel y Bruno Rodríguez Parrilla, insistió en que las gestiones no se detendrán hasta que el último de sus compatriotas abandone el territorio cubano.
Resulta irónico que, mientras el régimen celebraba lo que llamó un “gesto humanitario”, nuevas pintadas con frases como “Viva Trump”, “Abajo Díaz-Canel” y “Comunismo: enemigo de la comunidad” aparecieron en diversos puntos de la capital.
La narrativa del Ministerio del Interior, que acusó a los extranjeros de recibir entre 1.000 y 1.500 dólares por colocar estos mensajes, se desmorona ante la espontaneidad de las protestas populares.
La administración de José Raúl Mulino mantuvo una postura firme en cuanto a la protección de sus nacionales, instruyendo al servicio exterior para garantizar una defensa jurídica sólida.
El contraste es evidente: mientras un país democrático como Panamá se moviliza para proteger a sus hijos, el sistema comunista cubano gasta sus escasos recursos en perseguir a quienes reparten comida y en borrar carteles que la propia población vuelve a pintar cada noche.
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