Estados Unidos lanzó este jueves una nueva ofensiva financiera contra estructuras vinculadas al régimen castrista al imponer sanciones de EE.UU. contra Cuba que alcanzaron a Fernando González Llort, uno de los cinco agentes de inteligencia cubanos detenidos en territorio estadounidense, a otras dos funcionarias del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y a nueve entidades estatales que operan en sectores estratégicos de la economía de la Isla.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro actualizó el 20 de agosto su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) e incorporó a González Llort, actual presidente del ICAP; a Noemí Ramona Rabaza Fernández, identificada como primera vicepresidenta de la organización y a Leima Martínez Freire, vinculada a la dirección para América del Norte.
La actualización oficial confirmó además las designaciones relacionadas con Cuba y una modificación de la pregunta frecuente 1265 de la OFAC.
La decisión de imponer sanciones de EE.UU. contra Cuba colocó nuevamente al ICAP en el centro de los señalamientos de Washington. El Gobierno estadounidense ya sancionó al organismo en junio y lo acusó de respaldar actividades que sirven a los intereses políticos y de inteligencia de la dictadura cubana.
El secretario de Estado, Marco Rubio, endureció las acusaciones contra esa institución y sostuvo que patrocinó en Estados Unidos “una vasta red subversiva (…) destinada a identificar, cultivar y radicalizar” a ciudadanos estadounidenses. Según la Administración Trump, el régimen utilizó intercambios, brigadas y actividades internacionales para extender su influencia política fuera de Cuba.
Fernando González Llort vuelve al centro de las medidas de Washington
La inclusión de Fernando González Llort dio un peso político adicional a las nuevas sanciones de EE.UU. contra Cuba. El actual presidente del ICAP integró la llamada Red Avispa y formó parte del grupo conocido por la propaganda oficial cubana como “los Cinco”.
El FBI detuvo a González Llort en 1998 y posteriormente fue condenado en Estados Unidos por delitos que incluyeron conspiración y no registrarse como agente de un gobierno extranjero. Cumplió su condena en una prisión federal y salió en libertad en febrero de 2014, cuando fue deportado a Cuba.
Su regreso ocurrió meses antes del acuerdo de diciembre de ese mismo año que permitió el retorno a la Isla de Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero en medio del proceso de acercamiento entre Washington y La Habana impulsado durante la Administración de Barack Obama.
Doce años después, González Llort quedó nuevamente bajo medidas estadounidenses, esta vez por su papel al frente del ICAP.
Nueve estructuras estatales quedaron bajo sanciones de EE.UU. contra Cuba
Las nuevas sanciones de EE.UU. contra Cuba no se limitaron a funcionarios políticos. Washington extendió sus acciones contra nueve entidades controladas por el Estado cubano relacionadas con la construcción, minería, metales, importaciones, comercio y contratación de trabajadores.
La lista incluyó al Ministerio de la Construcción (MICONS), Acinox Comercial, la Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales S.A. (ACOREC), Coratur S.A., Transimport, Consumimport, la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, Metalcuba y el Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal).
El alcance de las designaciones golpeó áreas que resultan relevantes para la estructura económica controlada por el régimen. Entre las entidades señaladas aparecen compañías dedicadas a la producción y comercialización de hierro y acero, extracción de minerales, comercio de metales, importación de vehículos y piezas, contratación de personal y operaciones de comercio exterior.
La medida se apoyó en la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump el pasado 1 de mayo. El documento estableció mecanismos para bloquear bienes de personas o entidades que operen en determinados sectores de la economía cubana, actúen por cuenta del Gobierno de Cuba o proporcionen respaldo material a estructuras sancionadas.
Además, la orden definió las políticas y acciones del régimen cubano como una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense.
ICAP bajo creciente escrutinio estadounidense
El paquete de sanciones de EE.UU. contra Cuba también amplió los datos asociados al ICAP dentro de la lista estadounidense para abarcar instalaciones utilizadas por la institución, entre ellas la Casa de la Amistad y la Casa Memorial Salvador Allende, en La Habana, así como el Campamento Internacional Julio Antonio Mella, ubicado en Caimito, Artemisa.
Este último centro recibió durante años a brigadas extranjeras de solidaridad con el sistema comunista cubano. Sus programas incluyeron encuentros políticos, recorridos institucionales, conferencias y actividades organizadas junto a organismos oficiales.
Rubio vinculó la ofensiva estadounidense con esas operaciones internacionales. El secretario de Estado acusó al régimen de intentar reactivar sus redes de influencia mediante la llegada a La Habana de simpatizantes extranjeros durante las actividades por el centenario del nacimiento de Fidel Castro.
Bienes bloqueados y restricciones financieras
Las sanciones de EE.UU. contra Cuba implicaron consecuencias financieras directas para los designados. Los bienes e intereses sobre propiedades que posean las personas y entidades sancionadas dentro de Estados Unidos, o bajo control de ciudadanos y empresas estadounidenses, quedaron bloqueados.
Las restricciones también alcanzaron a compañías controladas directa o indirectamente en al menos un 50% por personas o entidades sancionadas, aunque esas estructuras no aparezcan expresamente identificadas por nombre en la lista.
La OFAC estableció, sin embargo, un período para determinadas operaciones relacionadas con el Ministerio de la Construcción. Washington indicó que no buscó penalizar transacciones ordinariamente necesarias para cerrar operaciones existentes con el MICONS o entidades controladas por ese organismo hasta el 19 de septiembre de 2026.
Washington aceleró la presión sobre la estructura estatal cubana
Esta ronda de sanciones de EE.UU. contra Cuba profundizó una estrategia que la Administración Trump intensificó durante los últimos meses contra funcionarios, organismos y empresas bajo control del régimen castrista.
El 4 de junio, Washington incorporó a la lista SDN al ICAP, Amistur Cuba S.A., el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y Minera La Victoria S.A. En aquella ofensiva también fueron señalados Miguel Díaz-Canel, Lis Cuesta Peraza, Manuel Anido Cuesta, Alejandro Castro Espín y Raúl Alejandro Castro Calis.
Posteriormente, el 6 de agosto, la OFAC anunció otra ronda contra seis ciudadanos cubanos y cinco entidades vinculadas, entre otros ámbitos, al aparato militar e industrial del Estado.
Con las medidas anunciadas este jueves, la Administración Trump amplió el radio de acción hacia sectores económicos civiles controlados por el régimen y hacia la dirección del ICAP.
La estrategia dejó claro que las sanciones de EE.UU. contra Cuba ya no se concentran únicamente en la cúpula política o militar, sino que avanzan sobre organismos y empresas que Washington considera piezas financieras, operativas o de influencia internacional de la dictadura cubana.
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