Opinión | Observatorio Crítico de Cubanos por el Mundo
Genocidio contra Cuba: ¿quiénes son los verdaderos genocidas?
Del secuestro mortal de un avión en 1958 a las familias castigadas por reclamar agua y electricidad: la comparación que la propaganda oficial evita.
El régimen castrista llama «genocida» a Estados Unidos mientras generaciones de cubanos han buscado precisamente allí refugio, comida y una oportunidad para empezar de nuevo. Quien lleva más de 67 años gobernando Cuba sin permitir que el pueblo lo sustituya en elecciones libres pretende hablar como defensor de sus víctimas. Pero hay una comparación que su propaganda no soporta: quién puso las bombas, quién ordenó los fusilamientos, quién persiguió a los disidentes y quién atacó a familias que intentaban escapar; frente a quién abrió vías de acogida y permitió que exiliados y sus hijos construyeran empresas, ocuparan escaños y ayudaran a quienes quedaron atrás.
¿Genocidio contra Cuba? La acusación empieza por casa
En mayo de 2026, Granma volvió a publicar la acusación de un «genocidio silencioso» atribuido a Estados Unidos. El periódico reprodujo las declaraciones del canciller y de dirigentes del Partido; una acusación del Gobierno cubano no es, por repetirse en su periódico, una investigación independiente sobre las muertes que denuncia. Tampoco lo es un respaldo diplomático.
La palabra «genocidio» exige, en derecho, una intención de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. La denuncia de esta columna es política y moral, no una sentencia judicial: el castrismo debe responder por sus víctimas, cualquiera que sea la calificación penal que corresponda a cada crimen.
La pregunta decisiva sigue en pie: ¿con qué autoridad acusa de querer destruir a los cubanos un poder que tiene que responder por cubanos muertos, desaparecidos, encarcelados y expulsados bajo su mando?
Antes de 1959: las bombas también tienen historia
La violencia del movimiento encabezado por Fidel Castro no comenzó después de tomar el poder. Su historia tampoco puede reducirse a combatientes enfrentados en una montaña. Hubo operaciones clandestinas en espacios públicos, sabotajes de infraestructura y secuestros de civiles.
Batista cometió torturas y asesinatos. Reconocerlos no entrega un permiso para poner en peligro a otros cubanos ni absuelve lo que hizo el movimiento que terminó sustituyéndolo. El derecho de una víctima no cambia con el uniforme de quien la agrede.
1. El vuelo 495: diecisiete muertos después de un secuestro
El 1 de noviembre de 1958, un Viscount de Cubana que cubría la ruta Miami–Varadero fue secuestrado y desviado hacia Oriente. Terminó estrellándose en la bahía de Nipe. De las veinte personas a bordo, murieron diecisiete y sobrevivieron tres.
La información de Associated Press publicada el 3 de noviembre distinguió entre los fallecidos: cuatro tripulantes cubanos, cuatro secuestradores, seis ciudadanos estadounidenses naturalizados y tres cubanos adicionales. Los autores del secuestro murieron junto a trabajadores y pasajeros que no habían elegido participar en aquella operación.
La vinculación con el Movimiento 26 de Julio tiene respaldo documental. Un telegrama de la embajada estadounidense del 6 de noviembre recogió el testimonio del sobreviviente Osiris Martínez sobre armas, uniformes y brazaletes del movimiento. Otro documento de ese día registró que funcionarios consulares corroboraron la presencia de esos brazaletes entre hombres recuperados del avión.
Un avión comercial convertido por hombres armados en instrumento de una causa política; pasajeros y tripulantes pagando con su vida una decisión ajena. Ese episodio merece un lugar en la memoria cubana, no debajo de la alfombra de las efemérides revolucionarias.
2. Bombas en lugares públicos: la muerte de Urselia Díaz
Urselia Díaz Báez murió el 3 de septiembre de 1957, a los dieciocho años, durante una operación con explosivos en el cine América de La Habana. El informe de CEU-CEFAS de 2025 reconstruye ese episodio; Granma había confirmado en 2002 su pertenencia al Movimiento 26 de Julio y que aquella jornada respondía a un plan de acciones simultáneas en lugares públicos.
La fallecida era integrante del grupo que ejecutaba la operación. ¿Por qué una organización política llevaba explosivos a un cine? ¿Por qué el periódico del poder prefiere venerar a la militante antes que examinar el peligro creado en un espacio civil?
3. La noche de las cien bombas y los servicios saboteados
Granma no niega la campaña de explosivos: la celebra. En una semblanza de Sergio González, «El Curita», publicada en marzo de 2024, atribuyó a ese dirigente de Acción y Sabotaje del 26 de Julio la organización de la noche de las cien bombas, en noviembre de 1957, con más de doscientos participantes.
La publicación afirma que se exigió evitar heridos y que aquella noche no los hubo. También admite incendios provocados en hoteles y sabotajes de depósitos de combustible, una conducción de agua, instalaciones eléctricas y documentación financiera.
Una crónica oficial de 1998 había incluido, además, el «ajusticiamiento» de un supuesto jefe de informantes entre las acciones celebradas. No identifica allí a la víctima ni ofrece un proceso que permita examinar esa ejecución. El eufemismo pretende resolver lo que una investigación tendría que esclarecer.
El abastecimiento de agua y electricidad sirve también a familias, hospitales y trabajadores. Destruirlo para producir un impacto político no se vuelve inocuo porque después se llame hazaña.
4. Fangio: un rehén al que cambiaron de nombre
El 23 de febrero de 1958, miembros del Movimiento 26 de Julio secuestraron al piloto argentino Juan Manuel Fangio. Granma lo recordó en 2023 bajo un título revelador: «Más que un secuestro, una retención patriótica».
El propio artículo admite que un hombre armado se lo llevó del hotel Lincoln y que no podía salir hasta que terminara la carrera. También recoge que recibió buen trato, fue liberado sin daño físico y posteriormente mantuvo una relación amistosa con sus captores. Nada de eso convierte retrospectivamente una privación de libertad a punta de pistola en un consentimiento inicial.
¿Llamaría hoy el régimen «retención patriótica» al secuestro de un invitado suyo por una organización opositora? La pregunta muestra la doble medida: el acto cambia de nombre según quién lo cometa.
5. El costo de la insurrección no cabe en su leyenda
La tabla del estudio de Armando Lago y María Werlau publicado en 2003 atribuyó 925 muertes a distintas fuerzas revolucionarias antibatistianas entre 1952 y 1958. Su clasificación incluyó 487 soldados muertos en combate, 96 campesinos fusilados o ahorcados, 191 asesinatos extrajudiciales y 28 muertos en atentados con explosivos.
Es una reconstrucción de varias organizaciones, no una cuenta exclusiva del Movimiento 26 de Julio; tampoco convierte las bajas de combate en víctimas de terrorismo. Precisamente por eso exige examinar cada caso, en vez de aceptar la versión de una insurrección que solo produjo héroes y nunca victimarios.
Después de 1959: el poder y sus víctimas
El triunfo no acabó con la violencia política. La colocó bajo un Estado que pasó a controlar las armas, las prisiones y los espacios para cuestionarlo.
Archivo Cuba informó en marzo de 2026 que había documentado 8.267 muertes y desapariciones desde 1959, incluidas 3.084 ejecuciones por fusilamiento. Es su registro de casos atribuidos al régimen, no un censo definitivo de todas las pérdidas humanas de estas décadas.
El cálculo histórico más amplio de Lago y Werlau, publicado en 2003, alcanzó 102.794 pérdidas humanas. Incluía una estimación alta de 77.814 balseros y 14.031 militares muertos en intervenciones exteriores, además de otras categorías. Es una estimación histórica de alcance distinto al registro nominal, no una lista de 102.794 asesinados identificados con nombre y apellido.
Para la prisión política, Archivo Cuba estimó en 2018 que al menos 500.000 personas la habían sufrido en algún momento desde 1959. El cálculo acumula décadas de persecución e incluye detenciones breves.
La persecución también alcanzó a quienes no encajaban en el modelo humano del poder. Entre 1965 y 1968 funcionaron las UMAP, campos de trabajo forzado donde fueron internados homosexuales, religiosos y otros considerados incompatibles con la disciplina revolucionaria. El historiador Abel Sierra Madero documentó, mediante entrevistas y publicaciones de la época, los dispositivos de clasificación y pretendida «rehabilitación» de homosexuales.
Ese Estado no se limitó a vigilar opiniones. Pretendió decidir qué cuerpos, qué creencias y qué formas de vivir eran aceptables.
Los que huyeron tampoco quedaron a salvo
El 13 de julio de 1994, familias que intentaban salir de Cuba en el remolcador 13 de Marzo fueron atacadas en el mar. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recogió 41 fallecidos, incluidos diez menores, y responsabilizó al Estado cubano por violaciones del derecho a la vida y otros derechos. Su examen describió embestidas y chorros de agua a presión en un ataque intencional.
Hay pocas comparaciones más brutales que esta: padres intentando sacar a sus hijos de una dictadura y embarcaciones del propio Estado contribuyendo a hundirlos. No ocurrió en una metáfora diplomática. Ocurrió frente a La Habana.
El 24 de febrero de 1996, el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate mató a Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. La investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional situó los derribos en espacio aéreo internacional; la CIDH determinó la responsabilidad del Estado cubano.
La Guardia Costera estadounidense, por su parte, declara que proporciona alimentos, agua, refugio y atención médica básica a migrantes a bordo de sus buques. También intercepta y repatría: un rescate no garantiza residencia. Pero auxiliar a una familia y tramitar su situación no es atacarla para hundir su embarcación.
El expediente tampoco termina en los años noventa. En su informe de 2023 sobre Oswaldo Payá y Harold Cepero, muertos el 22 de julio de 2012, la CIDH encontró indicios serios y suficientes de participación de agentes estatales y concluyó que Cuba era responsable de la violación de su derecho a la vida.
Del «combate» del 11J a las madres detenidas
El 11 de julio de 2021, cuando cubanos salieron a reclamar alimentos, medicinas y libertad, Miguel Díaz-Canel declaró: «La orden de combate está dada: a la calle los revolucionarios». El gobernante que debía escuchar a sus ciudadanos llamó al combate a sus partidarios. La frase salió de La Habana, no de Washington.
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Prisoners Defenders registró 1.339 presos políticos al cierre de agosto de 2026, incluidas 155 mujeres y 38 personas detenidas cuando eran menores de edad. Su lista comprende tanto encarcelamiento como otras restricciones de libertad.
El mismo informe denunció el caso de Doraykis Delgado González, detenida el 7 de julio de 2026 después de transmitir una protesta por los apagones en Alamar. Según la organización, fue enviada a prisión provisional y separada de sus dos hijos, de siete y ocho años.\
¿Qué amenaza representa una madre que exige electricidad? La amenaza es que se haga oír y que otros descubran que también pueden hacerlo. El régimen que asegura proteger a las familias castiga a una mujer por denunciar cómo viven.
Extranjeros privilegiados, cubanos subordinados
Durante años, un turista extranjero podía alojarse en hoteles de Cuba a los que el cubano común no tenía acceso como cliente. Human Rights Watch documentó esa discriminación y la describió como «apartheid turístico»: una expresión sobre la segregación interna, no una equiparación jurídica automática con el apartheid racial sudafricano.
La prohibición hotelera general se levantó en 2008. Ese año también se autorizó de forma general a los cubanos a contratar telefonía móvil. El propio Granma presentó esas aperturas como noticias: el Estado concedía lo que había negado.
En Estados Unidos, un cubano puede alojarse en un hotel, contratar un teléfono y trabajar para construir un negocio sin acreditar fidelidad al partido gobernante. Puede criticar al presidente y, si obtiene la ciudadanía y cumple los requisitos correspondientes, votar para reemplazarlo y aspirar a cargos públicos.
La Constitución cubana declara irrevocable el socialismo en su artículo 4 y convierte al Partido Comunista en fuerza dirigente superior en el artículo 5. Al ciudadano no se le ofrece una competencia pluralista para sustituir ese monopolio.
El problema no es que todos deban querer ser presidentes. Es que ningún cubano debería necesitar el permiso del dueño del poder para intentar cambiarlo.
El país acusado se convirtió en hogar
La acogida estadounidense no pertenece a una sola administración. Los Archivos Nacionales documentan la respuesta federal iniciada bajo Eisenhower en 1960 y el programa para refugiados organizado bajo Kennedy en 1961, con asistencia sanitaria, educativa y de reasentamiento. Johnson firmó la Ley de Ajuste Cubano en 1966.
Mariel llevó a Estados Unidos alrededor de 125.000 cubanos en 1980. Las sucesivas salidas hicieron crecer una comunidad de inmigrantes y descendientes que, según Pew Research Center, alcanzó 2.935.000 personas de origen cubano en 2024, aproximadamente 1.670.000 nacidas en el extranjero.
Otros países también han acogido a cubanos, y Estados Unidos ha impuesto restricciones y realizado retornos. No existe una entrada automática para todo el que llegue. La comparación histórica no necesita ocultarlo: allí se desarrollaron vías especiales de acogida e integración que permitieron a generaciones reconstruir sus vidas.
En Cuba, mientras tanto, la estadística oficial situó la población al cierre de 2024 en 9.748.007 habitantes, una caída anual de 307.961. El saldo migratorio negativo fue de 251.221: aproximadamente el 81,6% de la disminución. Son personas que se marcharon, no muertos que puedan sumarse a un registro de asesinatos. Pero un Gobierno que ve partir semejante cantidad de ciudadanos tiene que responder por el país que les ofrece.
Lo que pudieron construir fuera de Cuba
Roberto Goizueta, nacido en La Habana, llegó a dirigir Coca-Cola. Durante su gestión, el valor bursátil de la compañía pasó de unos 4.000 millones de dólares en 1981 a 145.000 millones en 1997. Mike Fernández llegó desde Cuba a los doce años y terminó fundando o controlando más de veinte empresas de salud.
Son ejemplos de iniciativa y talento cubanos que encontraron espacio para crecer. Las cantidades empresariales no equivalen a fortunas personales; muestran la escala de lo construido.
En política, FIU contabilizaba diecinueve personas de origen cubano elegidas al Congreso entre 1989 y enero de 2025. Esa historia incluye a Ileana Ros-Lehtinen, los hermanos Lincoln y Mario Díaz-Balart, Albio Sires, Mel Martínez, Ted Cruz y Marco Rubio, junto a generaciones posteriores. Hay republicanos y demócratas: ningún partido posee su origen cubano.
Rubio, nacido en Miami e hijo de inmigrantes cubanos, ocupa hoy la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Su padre trabajó como camarero y su madre en empleos de fábrica, comercio y hotelería. El hijo llegó a dirigir la diplomacia del país que el castrismo describe como enemigo del pueblo cubano.
No todos los emigrados alcanzan esos puestos ni todos se enriquecen. Lo que importa es que pueden competir. En Cuba, el techo del ciudadano aparece cuando su iniciativa cuestiona el monopolio político.
Desde Estados Unidos también llega comida
El U.S.–Cuba Trade and Economic Council registró 490.111.943 dólares en exportaciones agroalimentarias estadounidenses a Cuba en 2025; en 2024 habían sido 433.662.216. También contabilizó 147.027.544 dólares en mercancías clasificadas como donaciones humanitarias durante 2025. Las primeras son ventas comerciales; las segundas incluyen diversos productos y no equivalen enteramente a comida ni a ayuda pagada por el Gobierno estadounidense.
Hay, además, remesas, alimentos, medicamentos y paquetes enviados por familias. El economista Emilio Morales estimó en 1.113,45 millones de dólares las remesas recibidas por Cuba en 2024 desde todo el exterior. No es una cifra exclusiva de Estados Unidos.
Para una madre que depende del dinero enviado por su hijo, esa ayuda no es una discusión diplomática. Es comida que puede comprar y una necesidad que puede resolver. Los flujos procedentes de Estados Unidos sostienen a familias frente al hambre; la propaganda oficial demoniza el lugar donde muchos cubanos encontraron los ingresos con que ahora ayudan a los suyos.
El régimen, por su parte, debe explicar sus prioridades. Según cifras de la ONEI reproducidas por EFE, en 2024 la agrupación de hoteles y restaurantes junto con servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler recibió el 37,4% de la inversión ejecutada. La agricultura recibió aproximadamente el 2,7%. Son porcentajes de inversión, no de todo el presupuesto, y la primera agrupación comprende más que turismo. Aun así, el contraste exige cuentas sobre las decisiones internas de quienes administran Cuba.
La patria no exige conservar a sus verdugos
«Patria o muerte» se vuelve una exigencia intolerable cuando el poder identifica la patria con su permanencia. Ningún cubano tiene el deber de entregar su vida para que Fidel Castro, Raúl Castro, Díaz-Canel o el Partido Comunista conserven un sistema que los ciudadanos no pueden reemplazar libremente.
Cuba también pertenece al preso que disiente, a la madre que protesta, al emigrado y al que quiere otro Gobierno. Defenderlos exige permitirles vivir y decidir, no pedirles nuevos sacrificios para conservar a quienes los mandan.
Ahí desemboca esta comparación. El expediente de bombas, secuestros, ejecuciones, campos de trabajo, persecución y ataques contra civiles señala hacia el castrismo y sus instituciones. El de la acogida, la integración, las oportunidades y el sostén familiar desde Estados Unidos desmiente la caricatura de un país dedicado a exterminar a los cubanos.
La acusación política y moral que el régimen lanza contra Washington se vuelve contra él. Quienes ejercieron y mantienen el poder en Cuba deben responder por las vidas destruidas bajo ese poder. No pueden borrarlas con discursos sobre un enemigo externo.
Si tanto les importa el pueblo, que abran los archivos, liberen a los presos de conciencia, permitan investigaciones independientes y acepten elecciones libres. Que los cubanos decidan si quieren seguir gobernados por ellos.
Después de más de 67 años, la pregunta no es cuánto sacrificio adicional soportará Cuba. Es por qué quienes le han exigido tanto todavía se niegan a rendir cuentas.