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Piden hasta 13 años de prisión para manifestantes de Morón

Morón vuelve a estar en el foco por el proceso judicial contra 19 personas detenidas tras las protestas del 13 de marzo, originadas en medio de prolongados apagones.

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Manifestantes congregados en una calle oscura durante las protestas en Morón con una gran fogata encendida en medio de la vía y columnas de humo bajo el alumbrado público
Vecinos de Morón salieron a las calles para protestar en medio de prolongados apagones el pasado mes de marzo / Foto: Composición CPEM

La Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila solicitó condenas de hasta 13 años de cárcel para 19 personas procesadas por las protestas del 13 de marzo en Morón, una causa que incluye a menores de edad y en la que los familiares cuestionan las pruebas presentadas y la aplicación del delito de sedición, según informó Martí Noticias.

Para los adultos, la acusación solicita 12 años de prisión, mientras que para la mayoría de los adolescentes reclama siete años. La excepción es Christian de Jesús Crespo, de 17 años, para quien pide ocho. Jonathan David Muir Burgos, de 16 años cuando ocurrieron los hechos, enfrenta una petición de siete años, aunque permanece bajo prisión domiciliaria, de acuerdo con los datos publicados por el medio independiente. Martí Noticias encabeza su información con una petición de hasta 13 años, aunque en el desglose publicado la pena más alta que se detalla es la de 12 años solicitada para los adultos.

Apagones y protestas precedieron a las detenciones

El proceso se originó tras las manifestaciones del 13 de marzo, cuando vecinos salieron a las calles en medio de prolongados apagones. La protesta incluyó la entrada de manifestantes en la sede municipal del Partido Comunista, según los reportes publicados posteriormente. La respuesta de las autoridades derivó en detenciones y cargos penales contra ciudadanos, incluidos adolescentes.

Brian Pérez Muñoz, de 28 años, permanece detenido desde el día de las protestas. Su madre, Dayarmé Muñoz, declaró al medio citado que fue trasladado un mes después a la prisión de Canaleta, un centro de máxima severidad en Ciego de Ávila. Según su testimonio, lleva siete meses encarcelado y las autoridades han rechazado cuatro solicitudes de cambio de medida y una queja.

“Ha sido muy injusta la petición de mi hijo. Le están imponiendo sedición, y a mi hijo ni se le probó sabotaje”, afirmó Muñoz. También sostuvo que Pérez Muñoz llegó al lugar cuando ya había desórdenes y negó que se hubiera demostrado que arrojó piedras o provocó un incendio.

Familias cuestionan las pruebas contra los adolescentes de Morón

La madre de Christian de Jesús Crespo, Marielkis Álvarez, cuestionó las pruebas presentadas contra su hijo. Dijo que los análisis de huellas dactilares, calzado y olor dieron resultados negativos y que la acusación se apoya en un video donde, según ella, no se distingue el rostro del adolescente. La familia rechaza que se le atribuya haber entrado en la sede del Partido Comunista.

“Lo acusan de haber irrumpido dentro de la sede del Partido [Comunista] cuando en realidad no es cierto ya que en su momento le tomaron huellas de olor, huellas dactilares, huellas de zapatos y todo dio negativo. La única prueba que tienen contra él es un video en el cual no se le ve el rostro pero ellos deducen que es él por la estatura y un tatuaje”, fueron las palabras de la mujer.

Detenciones y reclamos internacionales tras las protestas en Morón

Otro de los procesados es Jonathan David Muir Burgos, detenido después de las manifestaciones. Cubanos por el Mundo informó en mayo que el adolescente pasó su cumpleaños número 17 bajo custodia y que activistas reclamaban su liberación.

PUEDE LEER: EE.UU. exige la liberación de adolescente cubano encarcelado tras protestas en Morón

En marzo, Martí Noticias había informado que la organización Cubalex confirmó diez detenciones en los días posteriores a los hechos, mientras otras denuncias elevaban el número de arrestados. Esa información describía también un despliegue policial y militar en Morón, aunque las cifras iniciales difundidas por distintas fuentes no coincidían. El caso judicial mantiene el foco sobre la actuación de las autoridades y el trato dado a los jóvenes detenidos.

La falta de acceso al escrito de acusación añade incertidumbre al proceso: los familiares aseguran que todavía no han recibido el documento oficial y que, por ese motivo y por temor a represalias, no se conoce públicamente la identidad de las 19 personas encausadas en su totalidad.

Aaron Velazco

Periodista con trayectoria en medios de prensa digital, radio y televisión. Cobertura de la actualidad de América Latina.

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