Los abogados independientes Julio Ferrer Tamayo y Edilio Hernández, presentaron este jueves una petición formal ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, una solicitud para revocar el recién promulgado Decreto 389, que legaliza la vigilancia electrónica sobre los ciudadanos cubanos.
“Consideramos que este decreto es una violación flagrante a los derechos humanos de los cubanos, en especial el derecho a la privacidad y la intimidad. Con él se legaliza lo que los órganos de seguridad y control en nuestro país venían haciendo desde hacía mucho tiempo. Esta nueva ley no se ajusta a lo estipulado en los convenios internacionales en materia de lucha contra el delito y las técnicas especiales y excepcionales que se utilizan para combatirlos”, explicó a Diario de Cuba el abogado Julio Ferrer.
Según reseña el citado medio, los juristas explicaron en su solicitud que dicha ley “legitima y legaliza la inobservancia de las normas y reglas del debido proceso, al vulnerar la equidad entre las partes en el proceso penal y franquea la posibilidad a una parte el fiscal atropelle a la otra (…) sin límite alguno” sentencian.
“La total ausencia de supervisión judicial y las facultades de discrecionalidad de los agentes del estado durante la fase preparatoria al juicio, favorecen la arbitrariedad en el uso de esas técnicas especiales de investigación frente a la ausencia total de recursos legales efectivos por parte de los ciudadanos para protegerse contra invasiones arbitrarias de privacidad”, exponen en su documento estos juristas.
Recordemos que el pasado 18 de noviembre, se anunció la promulgación del Decreto 389 que permisa la vigilancia electrónica como un método eficaz y necesario de investigación para la prevención de delitos de carácter internacional como el lavado de activos, el terrorismo y el comercio de estupefacientes.
Redacción Cubanos por el Mundo