La captura de Evo Morales volvió a ocupar el centro de la actualidad política boliviana después de que la Fiscalía emitió una orden de detención contra el expresidente comunista y amiguito de los Castro por su participación en los bloqueos de carreteras y protestas que afectaron al país entre mayo y junio de este año.
La decisión judicial representó un nuevo revés para el exmandatario, quien ya enfrentó otro proceso penal y permaneció refugiado en su bastión político del Chapare, protegido por seguidores que durante meses evitaron el ingreso de las fuerzas de seguridad.
La resolución que ordena la captura de Evo Morales fue firmada por el fiscal Brayan Melgar, quien atribuyó al exgobernante una serie de delitos de alta gravedad relacionados con la seguridad del Estado.
Entre las acusaciones figuraron alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictiva, instigación pública a delinquir y ataques contra servicios públicos.
La investigación surgió tras una denuncia presentada a comienzos de julio por dirigentes cívicos del departamento de Santa Cruz. Posteriormente, el caso recibió el respaldo del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien impulsó el avance de las actuaciones judiciales mientras las autoridades reunían elementos para sustentar la causa y ordenar la captura de Evo Morales.
Bloqueos dejaron muertos y millonarias pérdidas
El expediente judicial estuvo relacionado con las movilizaciones que paralizaron importantes carreteras bolivianas durante varias semanas. Las protestas provocaron una grave afectación al transporte, al comercio y al abastecimiento de productos en distintas regiones del país.
Según las cifras oficiales, los enfrentamientos registrados durante esas jornadas dejaron al menos 16 personas fallecidas, además de numerosos heridos y pérdidas económicas valoradas en millones de dólares debido a la interrupción de la actividad comercial y productiva.
Las autoridades sostuvieron que los bloqueos no solo afectaron la movilidad nacional, sino que también comprometieron servicios esenciales y generaron un clima de alta tensión política que obligó al Gobierno a desplegar operativos para intentar restablecer el tránsito.
La investigación concluyó que existían suficientes indicios para solicitar la captura de Evo Morales, decisión que elevó aún más la confrontación política entre el oficialismo y el sector afín al exmandatario.
Morales rechazó las acusaciones
Tras conocerse la orden de detención, Evo Morales negó cualquier responsabilidad en los hechos investigados y rechazó los señalamientos formulados por la Fiscalía.
El exmandatario insistió en que las movilizaciones no tuvieron como propósito provocar la salida del presidente Rodrigo Paz del poder y aseguró que las protestas respondieron a demandas sociales y políticas impulsadas por distintos sectores.
Hasta el momento, Morales no reconoció haber promovido acciones violentas y sostuvo que el proceso judicial respondió a una persecución política en su contra, argumento que ha utilizado en otros expedientes abiertos durante los últimos años.
Sin embargo, la Fiscalía mantuvo vigente la investigación y defendió la legalidad de las actuaciones realizadas dentro del proceso para posteriormente ordenar la captura de Evo Morales.
Segunda causa penal complicó la situación del expresidente
La orden de captura de Evo Morales no constituyó el único problema judicial que enfrentó el exgobernante boliviano.
Sobre Morales también permaneció activa otra orden de aprehensión dentro de una investigación por trata agravada de personas. En ese expediente, la Fiscalía lo acusó de haber mantenido una relación con una menor de edad durante el tiempo en que ocupó la Presidencia de Bolivia.
Ese caso provocó una fuerte repercusión nacional e internacional y llevó a que el exmandatario intensificara sus críticas contra las autoridades judiciales, a las que acusó de actuar con motivaciones políticas.
Chapare continuó siendo su principal refugio
Desde octubre de 2024, Morales permaneció instalado en la región del Chapare, considerada su principal bastión político y sindical.
En esa zona recibió protección de organizaciones cocaleras y simpatizantes que instalaron mecanismos de vigilancia para impedir cualquier intento de detención por parte de la Policía boliviana.
En varias oportunidades, los operativos policiales encontraron resistencia de grupos de seguidores que bloquearon los accesos al lugar donde permaneció el exmandatario.
La presencia permanente de sus bases convirtió al Chapare en un territorio donde las autoridades encontraron grandes dificultades para ejecutar la orden de captura de Evo Morales y las otras órdenes judiciales emitidas en contra del dirigente izquierdista.
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