El congresista cubanoamericano Carlos Giménez exigió este miércoles la extradición inmediata del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Esto ocurre tras el encausamiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presunta conspiración con narcotraficantes y cargos de corrupción.
El republicano por Florida, representante de un distrito con fuerte presencia cubana, calificó el caso como evidencia clara de lo que ha denunciado durante años: la infiltración del crimen organizado en las instituciones mexicanas.
La exigencia de extradición del congresista Carlos Giménez
Carlos Giménez, legislador republicano, no dudó en calificar el procesamiento judicial como una confirmación directa de un patrón sistemático.
Según sus declaraciones, la imputación contra el gobernador de Morena no resulta sorpresiva, sino que refleja la complicidad entre autoridades mexicanas y los cárteles que operan desde territorio mexicano.
Giménez vinculó explícitamente esta inacción gubernamental con la crisis de fentanilo que azota a comunidades estadounidenses.
El congresista insistió en que la justicia americana debe procesar al mandatario estatal en suelo estadounidense, dentro de una ofensiva más amplia contra estructuras criminales transnacionales que la administración Trump clasificó como organizaciones terroristas extranjeras.
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Para el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Sinaloa bajo el gobierno de Rubén Rocha Moya es un "narcoestado". Este miércoles 29 de abril, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York formalizó una acusación de cinco cargos contra… pic.twitter.com/b6Gp5hyMXk
— Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) April 30, 2026
El caso surge en medio de reportes que señalan a los cárteles mexicanos como responsables del tráfico de drogas que ha provocado decenas de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos.
Giménez ha convertido esta crisis en una de las prioridades legislativas de su despacho, posicionándola como un tema de seguridad nacional que trasciende fronteras.
El patrón de penetración del crimen organizado en Sinaloa y Morena
Rubén Rocha Moya, perteneciente al partido oficialista fundado por Andrés Manuel López Obrador, asumió el cargo en 2021.
Su administración ha estado marcada por episodios de violencia vinculados a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
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Las pesquisas del Departamento de Justicia se enmarcan en una investigación más amplia sobre nexos entre funcionarios estatales y el narcotráfico, precisa El Sol de México.
Según las fuentes oficiales del DOJ, el gobernador y otros funcionarios habrían permitido que Los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa, facilitando el control territorial del cártel.
Este encausamiento no es un hecho aislado, sino parte de un problema estructural que el congresista Giménez ha denunciado repetidamente: la tolerancia de ciertos gobiernos de izquierda latinoamericana hacia el crimen organizado.
La voz de Giménez resalta cómo esta penetración afecta no solo a México, sino a la seguridad hemisférica.
Según Azteca Noticias, Rocha Moya se confesó “víctima” ante acusaciones de narcotráfico y calificó como “calumnia” las imputaciones de la Fiscalía de Nueva York, desviando el foco hacia un supuesto ataque contra su movimiento político.
Relevancia para el exilio cubano y la lucha contra el fentanilo
Para la diáspora cubana radicada en Estados Unidos, especialmente en el sur de Florida, el caso de Rubén Rocha Moya reviste particular relevancia.
Muchos cubanoamericanos identifican en los gobiernos de la izquierda latinoamericana, incluyendo el régimen castrista de La Habana, el chavismo venezolano y el oficialismo mexicano de Morena, un mismo patrón de tolerancia hacia el crimen organizado y de hostilidad frente a las instituciones democráticas.
Carlos Giménez, como representante de esa comunidad, ha sido constante en denunciar estos vínculos.
Su exigencia de extradición inmediata subraya la conexión directa entre la corrupción en México y la crisis de fentanilo que golpea a familias estadounidenses.
Se espera que en las próximas semanas el Departamento de Justicia amplíe los cargos y que las autoridades estadounidenses intensifiquen las gestiones diplomáticas con el Gobierno de Claudia Sheinbaum, quien hasta el momento no se ha pronunciado públicamente sobre la situación judicial del mandatario sinaloense.
Este caso pone en evidencia la necesidad de una cooperación binacional más efectiva para desmantelar las redes transnacionales del narco.
Mientras tanto, la opinión pública en ambos países sigue atenta a los próximos pasos del Departamento de Justicia y a la respuesta del gobierno mexicano.
Al cierre de esta nota, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum se manifestó en sus redes, mencionando las exigencias del proceso y publicando una declaración titulada “Mi posicionamiento: verdad, justicia y defensa de la soberanía.”
Es cuestión de tiempo para que tú y todos los políticos de Morena terminen en la cárcel.
— ℛaúl (@_Raulmg99) April 30, 2026
Van a pagar por todo el daño que le han hecho a México.
Narcos y corruptos! pic.twitter.com/4pamn9LXvj