La sociedad cubana ha ido experimentando un proceso de maduración política a partir de la caída de la URSS y el Campo Socialista, relacionado con el llamado “período especial”, donde quedó demostrada la inviabilidad y falta de sustentabilidad del modelo económico, político y social del llamado “socialismo de Estado”.
La propia introducción de una serie de modificaciones realizadas por el Gobierno de Raúl Castro —aun cuando sesgadas, insuficientes y lentas—, indican que en la propia dirección del Partido-Gobierno-Estado ha crecido la conciencia sobre la necesidad de cambios en el sistema. El temor a sus consecuencias es otra cosa.
En el tema económico la maduración ha sido obvia, aunque no se haya entendido como democratización de la economía, fenómeno que debe acelerarse, pues mientras la propiedad esté concentrada en el Estado, éste sea el que administre y explote la gran mayoría de los medios de producción, los trabajadores seguirán enajenados de la propiedad y la apropiación de los resultados del trabajo. Y se sabe: mientras más Estado, menos poder del pueblo.
La democratización de la economía en Cuba tiene necesariamente que ser a costa del Estado, que deberá socializar una parte importante de su propiedad y entregarla a la autogestión de los trabajadores, a la co-gestión con apoyo estatal y/o de créditos privados, a las cooperativas y a la empresa privada nacional o extranjera cuando las primeras opciones no sean posibles, dada la demostrada ineficiencia de la administración burocrática, la urgente necesidad de interesar a los trabajadores y la descapitalización de muchas empresas.
Este proceso se ha iniciado de forma viciada con la entrega de algunos pequeños negocios estatales, arrendados a “cooperativas” organizadas por el Estado y sujetas a controles diversos por parte del mismo. No obstante, debe ampliarse en busca de productividad y mejora de los ingresos de los trabajadores, a empresas medianas y mayores. También se ha estado haciendo con la participación del capital extranjero o en cooperación con éste, pero manteniendo un desestimulante control estatal sobre la contratación y los salarios de los trabajadores.
De más difícil comprensión es aceptar que el sistema político también debe sufrir cambios importantes.
Y es que, como siempre se ha dicho, los cambios en la conciencia social son más lentos que las modificaciones de la vida material y económica. La gente en general, incluida la mayoría de la burocracia, ve con más naturalidad que crezcan los negocios no estatales. Pero comprender el significado socio-político del fenómeno y trabajar para facilitarlo es otro asunto bien distinto. Y una democratización de la economía, de la propiedad, engendra necesariamente intereses políticos distintos a los del Estado.
En fin que es más difícil a la burocracia entender la necesidad de una democratización de la vida política del país. Así y todo, la misma burocracia habla de que debe haber cambios en el sistema del Poder Popular, se acometen experiencias en algunas regiones. Cansados estamos de oír al Presidente de la Asamblea Nacional que hay que darle poder a los delegados, a las bases; pero nada se cambia en la práctica política, en los mecanismos de funcionamiento, para que el Poder Popular, además de popular, sea realmente Poder. Se dice que se van a aumentar las asignaciones presupuestarias a los municipios, pero eso es insuficiente para que existan verdaderos presupuestos participativos.
La urgencia de una democratización de la vida política es una demanda de amplios sectores de la sociedad cubana. Así, por ejemplo, se han realizado varios muestreos independientes los cuales evidencian que una gran mayoría de la población, más del 75 %, es partidaria de que se permita el pluripartidismo político. Un muestreo realizado por socialistas democráticos, entre 248 personas preguntadas en distintos municipios de Ciudad de La Habana, arroja que el 83% estaría a favor del multipartidismo.
Desde luego muestreos como el realizado por nosotros mismos, en difíciles condiciones, sin los medios ni técnicas adecuados y sin llegar a todo el espectro de la sociedad, no podrían garantizar su plena confiabilidad, pero ello no elimina que aun aceptando un error del 20 %, indicaría que más de la mitad de los consultados son partidarios de un enfoque distinto al actual en materia de pluripartidismo.
Pero más importante que las encuestas, es el hecho de que todo el mundo sabe que en Cuba existen organizaciones y grupos opositores y con pensamiento diferente que de hecho representan corrientes políticas, partido políticos en la práctica. Tampoco es un secreto que en el seno del propio Partido Comunista existen diferencias y si oficialmente se ha dicho que se estudian cambios en la Constitución, una nueva ley electoral y una nueva ley de prensa, es porque hay consenso en el mismo de que debe haber importantes cambios.
Igualmente es de conocimiento público que organizaciones de la sociedad civil independiente, desde las posiciones del socialismo democrático y hasta de instituciones oficiales, hay propuestas concretas de elaborar una nueva Constitución y especialmente eliminar el artículo 5to que establece la dirección general del Partido Comunista sobre la sociedad, lo cual constituye una violación del principio de la soberanía popular.
Es elemental que mientras no tengamos una democratización del sistema político, los cubanos tendremos mil y una limitaciones para el ejercicio pleno de nuestros derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Este proceso debe ser obra de todos los cubanos de buena voluntad, dentro y fuera del Gobierno, para lo cual urge un Encuentro de la Nación toda, algo que hace años vienen demandando distintos sectores de la sociedad.
Publicado en Diario de Cuba