La administración de Donald Trump dio un paso que hace apenas meses habría parecido impensable: eliminar las sanciones personales contra Delcy Rodríguez, una de las figuras más representativas del aparato chavista y designada como “presidenta encargada” tras la captura de Maduro.
La decisión, confirmada por el Departamento del Tesoro, según una publicación en el sitio web de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la saca oficialmente de la lista negra de Washington y abre una nueva etapa en la relación con el poder en Caracas.
El movimiento no es menor. Durante años, Delcy Rodríguez fue señalada por Estados Unidos por corrupción y violaciones de derechos humanos, permaneciendo bajo restricciones que bloqueaban cualquier vínculo financiero o comercial con ciudadanos y empresas estadounidenses.
Su salida de la llamada “Lista de Nacionales Especialmente Designados” implica que esas limitaciones desaparecen de inmediato, incluyendo el congelamiento de activos y la prohibición de transacciones.
Pero más allá del gesto técnico, la medida revela un giro político de fondo. Washington ha optado por negociar con una figura surgida del mismo entramado chavista, en lugar de impulsar una ruptura total con el sistema que durante años denunció. La eliminación de sanciones contra Rodríguez no solo la legitima en el plano internacional, sino que también le otorga margen para operar económicamente bajo el visto bueno de Estados Unidos.
Este cambio llega tras la captura de Nicolás Maduro en enero durante una operación impulsada por Washington, hecho que reconfiguró completamente el tablero político venezolano. Desde entonces, la Casa Blanca ha apostado por una estrategia pragmática: condicionar el levantamiento progresivo de sanciones a decisiones internas del nuevo liderazgo en Caracas.
En ese contexto, la flexibilización ha sido gradual pero constante. En las últimas semanas, el Tesoro estadounidense autorizó operaciones en sectores clave como el petróleo, el gas y la minería, siempre bajo supervisión directa de Washington. La exclusión de Delcy Rodríguez de la lista sancionada aparece como el paso más simbólico y también el más controvertido de esa hoja de ruta.
Con esta decisión Estados Unidos estaría buscando reposicionarse como actor dominante en la economía venezolana, especialmente en el sector energético. La reapertura controlada del mercado petrolero, junto con el acceso a activos bloqueados en el extranjero, coloca a Washington en una posición privilegiada para influir en el destino de los recursos del país sudamericano.
Sin embargo, el movimiento también despierta fuertes cuestionamientos. Delcy Rodríguez no es una figura ajena al modelo chavista, sino una de sus principales arquitectas durante años. Su permanencia en el poder, ahora sin sanciones estadounidenses, plantea interrogantes sobre hasta qué punto existe un verdadero cambio político o si se trata de una reconfiguración del mismo sistema bajo nuevas condiciones.
Mientras tanto, otros actores del antiguo régimen permanecen sancionados o enfrentando procesos judiciales en Estados Unidos, lo que evidencia que la estrategia no apunta a desmontar completamente la estructura, sino a reordenarla según intereses geopolíticos.
En términos prácticos, la decisión permite a Delcy Rodríguez recuperar acceso a recursos y facilitar acuerdos económicos con empresas estadounidenses, lo que podría traducirse en una inyección de capital para una economía devastada. Pero también consolida una dependencia directa de Caracas respecto a Washington, especialmente en áreas estratégicas.
El levantamiento de sanciones contra Delcy Rodríguez marca así un punto de inflexión: Estados Unidos pasa de la presión frontal contra el chavismo a una política de negociación selectiva con sus propias figuras. Un giro que, lejos de cerrar el capítulo venezolano, abre una nueva fase donde el poder se redefine, pero no necesariamente cambia de manos.
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