El Gobierno de Estados Unidos inició procedimientos judiciales para lograr la revocación de ciudadanía a cubanas que, según las autoridades federales, ocultaron actividades delictivas mientras avanzaban en sus respectivos procesos de naturalización.
Las acciones fueron presentadas por el Departamento de Justicia contra Leidys Delmas García y Milagros Marileisis Acosta Torres, dos residentes del sur de Florida que anteriormente fueron condenadas por delitos financieros.
Las demandas civiles forman parte de una ofensiva más amplia impulsada por la administración del presidente Donald Trump contra ciudadanos naturalizados que presuntamente obtuvieron ese estatus mediante declaraciones falsas o la omisión de información relevante. En total, el Gobierno de EE.UU. presentó acciones similares contra 17 personas originarias de distintos países.
El caso de Leidys Delmas García
Uno de los expedientes más significativos por el monto económico involucrado es el de Leidys Delmas García, de 54 años, quien fue condenada por participar en una compleja trama de fraude relacionada con clínicas de fisioterapia en el sur de Florida.
De acuerdo con la demanda presentada por el Departamento de Justicia, la mujer comenzó a involucrarse en el esquema mientras aún se encontraba dentro del período en el que debía demostrar buena conducta moral para obtener la ciudadanía estadounidense.
Según los documentos judiciales, Delmas García presentó su solicitud de naturalización en abril de 2018 y posteriormente acudió a una entrevista con funcionarios migratorios en enero de 2019. Durante ese proceso, respondió bajo juramento que no había cometido delitos por los cuales no hubiese sido arrestada ni había proporcionado información falsa para obtener beneficios migratorios.
Pocos días después, el 19 de enero de 2019, prestó juramento como ciudadana estadounidense.
Las autoridades sostienen que para ese momento ya participaba en una conspiración vinculada a 30 clínicas que enviaron facturas fraudulentas a la aseguradora Blue Cross Blue Shield por tratamientos innecesarios o que nunca fueron realizados.
La investigación concluyó que las clínicas facturaron aproximadamente 36,7 millones de dólares y recibieron más de 8,6 millones de dólares en pagos. Según la declaración de culpabilidad presentada posteriormente por Delmas García, ella obtuvo cerca de 1,6 millones de dólares derivados de la operación.
En julio de 2023 se declaró culpable de los cargos federales. Posteriormente, un tribunal la condenó a 68 meses de prisión, además de ordenar el pago de millones de dólares en restitución y decomiso.
Para el Gobierno federal, estos hechos justifican la revocación de ciudadanía a cubanas cuando se demuestra que los delitos ocurrieron durante el período evaluado por las autoridades migratorias.
La segunda demanda involucra lavado de dinero
La otra acción judicial fue presentada contra Milagros Marileisis Acosta Torres, de 40 años, quien fue condenada por participar en una conspiración para lavar dinero proveniente de un fraude cometido contra el casino Miccosukee Resort & Gaming, en Miami-Dade.
Según la demanda, la operación ilícita comenzó varios años antes de que Acosta Torres obtuviera la ciudadanía estadounidense.
Los fiscales afirmaron que el esposo de la acusada y otros empleados del casino manipularon equipos informáticos vinculados a máquinas de juego para generar comprobantes de crédito fraudulentos que luego eran canjeados por dinero en efectivo.
Las autoridades calcularon que la organización sustrajo alrededor de 5,3 millones de dólares entre 2011 y 2015.
La demanda señala que Acosta Torres abrió cuentas bancarias utilizadas para depositar parte de los fondos obtenidos mediante el esquema. Además, habría realizado movimientos financieros diseñados para evitar los controles de reporte establecidos por las autoridades.
Aunque solicitó la ciudadanía en agosto de 2015 y obtuvo la aprobación pocos meses después, el Gobierno sostiene que nunca reveló su participación en las actividades de lavado de dinero durante el proceso migratorio.
En 2020 se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y admitió los hechos descritos por los fiscales. Como resultado, recibió una condena de seis meses de prisión, tres años de libertad supervisada y una orden de restitución económica.
La demanda presentada por el Departamento de Justicia argumenta que la revocación de ciudadanía a cubanas procede cuando una persona oculta información que podría haber impedido la aprobación de su naturalización.
La base legal de las demandas
Cabe destacar que la Ley de Inmigración y Nacionalidad permite que un tribunal federal retire la ciudadanía estadounidense a una persona naturalizada si determina que esta fue obtenida de forma ilegal, mediante el ocultamiento de hechos sustanciales o a través de declaraciones falsas deliberadas.
Para convertirse en ciudadano estadounidense, un solicitante debe demostrar buena conducta moral durante los cinco años previos a la solicitud y mantener ese requisito hasta el momento de prestar juramento.
Las demandas contra ambas mujeres sostienen que incurrieron en actividades ilícitas precisamente durante ese período y que, además, respondieron falsamente a preguntas realizadas bajo juramento por funcionarios migratorios.
La revocación de ciudadanía a cubanas planteada en estos casos se fundamenta en que las acusadas habrían impedido que las autoridades conocieran conductas que podían afectar su elegibilidad para naturalizarse.
La postura del Departamento de Justicia
Las autoridades federales defendieron la decisión de presentar estas acciones judiciales.
“Obtener la ciudadanía estadounidense es un privilegio y, bajo el firme liderazgo del presidente Trump, este Departamento de Justicia mantiene una política de tolerancia cero ante el abuso de este proceso”, declaró el fiscal general en funciones, Todd Blanche.
Por su parte, el jefe de la División Civil del Departamento de Justicia, Brett Shumate, afirmó que “no haremos la vista gorda ante quienes obtuvieron ilegalmente la ciudadanía estadounidense”.
Los procesos contra Delmas García y Acosta Torres forman parte de una estrategia más amplia que incluye casos de fraude bancario, fraude migratorio, delitos sexuales contra menores y distribución ilegal de medicamentos.
Sin embargo, las demandas no implican una pérdida automática de la ciudadanía, sino que corresponderá a los tribunales federales determinar si las pruebas presentadas por el Gobierno son suficientes para demostrar que las acusadas obtuvieron la naturalización de manera ilegal.
No obstante, si los jueces fallan a favor del Gobierno, la revocación de ciudadanía a cubanas tendría efectos retroactivos. En el caso de Delmas García, la anulación se remontaría a enero de 2019, mientras que para Acosta Torres se retrotraería a noviembre de 2015.
Comunicado del Departamento de Justicia de EE.UU.
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