El escándalo de corrupción de Gustavo Petro volvió a sacudir el panorama político colombiano cuando restan apenas once días para la salida del mandatario de la Casa de Nariño.
Lo que comenzó como denuncias sobre un supuesto esquema de intermediación para facilitar contratos públicos terminó convirtiéndose en una investigación de la Fiscalía General y en una nueva controversia que afectó el cierre del mandato del presidente saliente, quien entregará el poder el próximo 7 de agosto al mandatario electo, Abelardo de la Espriella.
El escándalo de corrupción de Gustavo Petro giró alrededor de las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, señaladas de ofrecer a empresarios supuestas gestiones para obtener contratos con diferentes entidades del Estado mediante el pago de anticipos, comisiones y el aprovechamiento de presuntos contactos dentro del Gobierno de Colombia.
Las denuncias aumentaron la presión sobre la administración del comunista Petro en los últimos días de su mandato y reavivaron el debate sobre la transparencia en el manejo de las instituciones públicas, justo cuando el país se prepara para la transición presidencial.
Fiscalía abrió una indagación por presunto tráfico de influencias
El escándalo de corrupción de Gustavo Petro tomó un rumbo judicial después de que la Fiscalía iniciara una indagación para determinar si las hermanas Guerrero integraron una presunta red dedicada al tráfico de influencias para gestionar contratos estatales a cambio de pagos realizados por empresarios.
Según las denuncias conocidas públicamente, el mecanismo contempló diferentes etapas. De acuerdo con la investigación divulgada por la revista Semana, la primera reunión con Juliana Guerrero costó un millón de pesos colombianos (315 dólares).
Posteriormente, los interesados debían entregar un anticipo cercano a los 200 millones de pesos (65.520 dólares) para iniciar las gestiones y, finalmente, pagar una comisión equivalente al diez por ciento del valor del contrato obtenido.
Las acusaciones despertaron preocupación debido a que el supuesto esquema habría utilizado como principal argumento la cercanía de las involucradas con funcionarios del Ejecutivo para ofrecer acceso privilegiado a procesos de contratación pública.
Aunque hasta el momento las investigaciones permanecieron en etapa preliminar, la apertura de la indagación colocó nuevamente al Gobierno saliente bajo el escrutinio judicial.
Juliana Guerrero volvió al centro de la controversia
El escándalo de corrupción de Gustavo Petro también devolvió a la opinión pública el nombre de Juliana Guerrero, quien ya había protagonizado otra polémica durante el año anterior.
Con apenas 23 años y sin contar con un título universitario válido, Guerrero desempeñó funciones como asesora del Ministerio del Interior y fue presentada públicamente por Petro durante un consejo de ministros televisado como futura viceministra de Juventud.
En aquella ocasión, el mandatario expresó:
«Juliana es un poco joven, digamos, pero muy activa, rebelde, como las juventudes que nos hicieron ganar las elecciones».
Sin embargo, el nombramiento nunca se concretó después de conocerse que la joven presentó un título universitario falso.
Pese a ese episodio, Guerrero continuó desempeñando responsabilidades dentro del Ejecutivo y conservó espacios de influencia, una situación que volvió a ser objeto de cuestionamientos tras las nuevas denuncias.
Una funcionaria aseguró que advirtió personalmente al presidente
La controversia escaló cuando Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación y antigua colaboradora cercana del mandatario comunista, aseguró públicamente que alertó directamente a Petro sobre la influencia que ejercía Juliana Guerrero dentro del Gobierno.
Rodríguez afirmó que fue “la única funcionaria que alertó al mandatario sobre esa situación”.
Asimismo, sostuvo que existió un decreto destinado a retirar a Guerrero como representante presidencial ante la junta de la Universidad Popular del Cesar, aunque aseguró que el documento nunca recibió la firma del jefe de Estado.
Las declaraciones provocaron un nuevo terremoto político porque sugirieron que el presidente conoció con anterioridad las preocupaciones relacionadas con la actuación de la joven funcionaria.
Petro respondió con fuertes ataques
El escándalo de corrupción de Gustavo Petro recibió una nueva dosis de tensión cuando el mandatario reaccionó públicamente contra Angie Rodríguez.
El presidente ordenó su salida del cargo y la calificó como “gran manipuladora”.
Además, afirmó que se trataba de “una paciente siquiátrica y sostuvo que encontró respaldo en “la perversión de la prensa tradicional”.
Petro negó cualquier responsabilidad
Por su parte, el presidente comunista Gustavo Petro también respondió a quienes relacionaron su nombre con Juliana Guerrero por supuestos vínculos personales.
«Llevan varios años tratando de construir relaciones sentimentales mías con varias mujeres hermosas».
Posteriormente insistió en que la investigación debía avanzar para establecer responsabilidades, aunque rechazó que los hechos comprometieran directamente a su administración.
En un mensaje publicado en la red social X manifestó que, si algunos empresarios entregaron dinero esperando obtener contratos mediante supuestas gestiones, estos:
«dieron dineros como pendejos».
El mandatario agregó que, de comprobarse los hechos denunciados, correspondería a una estafa realizada por particulares y no a una actuación promovida por el Gobierno.
Un cierre de mandato marcado por nuevas controversias
El escándalo de corrupción de Gustavo Petro apareció cuando el mandatario transitaba la recta final de su gestión presidencial y enfrentaba uno de sus últimos desafíos políticos antes del cambio de gobierno.
Mientras la Fiscalía avanzó en la recopilación de pruebas para establecer si existió una red de tráfico de influencias, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, solicitó que se brindaran todas las garantías de seguridad a Angie Rodríguez tras sus declaraciones públicas.
El caso volvió a colocar en el centro del debate la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sobre la contratación pública y de esclarecer el grado de responsabilidad de quienes participaron en las presuntas gestiones denunciadas.
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