El caso del adolescente cubano de 16 años Jonathan David Muir, encerrado en una prisión de máxima seguridad para adultos en Ciego de Ávila, llegó al Parlamento Europeo gracias a la intervención de un eurodiputado español que decidió hacer del hecho una causa pública en el escenario político continental.
Raúl de la Hoz Quintano, portavoz adjunto del Partido Popular en la Eurocámara, denunció la situación de Jonathan mediante un vídeo difundido en su cuenta de X, en el que exigió su libertad inmediata y calificó su encarcelamiento como una injusticia perpetrada por la dictadura castrista.
La intervención convirtió a De la Hoz en el primer miembro documentado del Parlamento Europeo en sumarse a la presión internacional por el caso de este menor, cuya detención lleva más de un mes sin que la maquinaria represora haya dado una sola explicación válida a su familia.
Jonathan Muir tiene 16 años, y está en prisión por pedir libertad para el pueblo cubano.
— Raúl de la Hoz Quintano (@raulhoz) April 22, 2026
Hoy me sumo a la iniciativa #ApadrinaUnPresoPolíticoDelMundo para dar visibilidad a su caso y exigir su liberación. pic.twitter.com/uJR8qY7i1m
Un eurodiputado en campaña por un menor secuestrado
El eurodiputado De la Hoz se incorporó a la campaña internacional #ApadrinaUnPresoPolíticoDelMundo para poner voz, desde Bruselas, a una historia que la dictadura cubana hubiera preferido mantener invisible. En su intervención, el parlamentario fue directo: “Este chico es Jonathan Muir, es cubano, tiene 16 años. ¿Y sabes qué? Está en este momento en la cárcel por ser considerado por el régimen castrista un elemento subversivo peligroso”.
La calificación que los esbirros del castrismo usaron para justificar el encierro de un adolescente revela con brutal claridad cuál es la escala de valores de quienes manejan el aparato represivo en Cuba: un joven que tocaba el sintetizador en su iglesia evangélica de Morón representa, para esa maquinaria, una amenaza que merece cárcel de máxima seguridad junto a presos adultos.
Del apagón en Morón a la celda de Canaleta
El 16 de marzo, el padre y el hijo recibieron una citación verbal de la policía política mediante una llamada telefónica de un oficial de la Seguridad del Estado. La familia, acostumbrada al acoso oficial por la labor religiosa del pastor Elier Muir, creyó que se trataría de un episodio más de hostigamiento rutinario. No imaginaron lo que vendría.
Ambos acudieron a la sede local de la Seguridad del Estado y los trasladaron en patrulla desde Morón hasta Ciego de Ávila, donde los sometieron a horas de interrogatorios sin que sus familiares supieran su paradero.

El padre salió libre poco después, pero Jonathan Muir no. El adolescente lleva más de un mes preso tras ese arresto, acusado de participar en las protestas que estallaron en Morón por un apagón de más de 26 horas y la escasez de alimentos.
La dictadura le imputó el delito de sabotaje, una figura jurídica que los represores castristas utilizaron también contra cientos de manifestantes del 11J y que puede acarrear penas de al menos siete años de prisión.
Las condiciones que la CIDH quiere que la dictadura explique
El caso escaló en el plano internacional con rapidez. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió un requerimiento oficial al régimen cubano dirigido al canciller Bruno Rodríguez Parrilla, con un plazo de cinco días para que respondieran sobre las condiciones de detención de Jonathan, su estado de salud y las medidas adoptadas para garantizar su integridad.
La respuesta de la maquinaria judicial del régimen al esfuerzo de la familia por proteger al menor fue igualmente reveladora. El Tribunal Provincial de Ciego de Ávila rechazó el recurso de habeas corpus interpuesto a favor del adolescente, dejándolo a merced de sus captores. Al mismo tiempo, los órganos represivos extendieron el hostigamiento hacia su madre, Minervina Burgos, quien fue citada ante la Fiscalía de Morón y sometida a amenazas constantes para silenciar su reclamo.
Un eurodiputado que pone voz a lo que Díaz-Canel niega
La intervención del eurodiputado De la Hoz adquiere un peso político adicional porque llega en el mismo período en que Díaz-Canel declaró públicamente a NBC que en Cuba no existen presos políticos.
Cabe recordar que el eurodiputado español no es el único que presiona. Mike Hammer, jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, publicó un vídeo en el que conversó con los padres de Jonathan y exigió su liberación inmediata.
En esa conversación, el padre describió el estado del menor: “Hace un momento él nos llamó, el niño está enfermo. Tiene una deshidrosis, una afección en la piel”.
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El cuerpo de Jonathan paga lo que la dictadura no quiere resolver
La situación de Jonathan se agrava en Canaleta, donde sufre hambre constante debido a raciones mínimas, mientras las chinches y la falta de higiene agravan su enfermedad dermatológica crónica. La dictadura lo transfirió a ese penal, el mismo lugar donde en febrero ocurrió un motín reprimido con violencia.
Cubalex documentó al menos 16 personas arrestadas en el contexto de las protestas de Morón, entre ellas cuatro menores de edad; dos permanecen detenidos: Jonathan y Cristian de Jesús Crespo Álvarez, también de 16 años.
Detrás de cada número hay una decisión política: mientras la dictadura no puede ni siquiera garantizar la corriente eléctrica ni llenar una mesa, sí encuentra recursos y voluntad para encerrar adolescentes en cárceles de adultos y hostigar a sus madres en fiscalías.
La presión de un eurodiputado desde Bruselas, de un diplomático estadounidense desde La Habana y de un organismo interamericano no cambia esa aritmética por sí sola, pero hace cada vez más difícil que el régimen sostenga, con algún grado de credibilidad, que Jonathan Muir no existe.