Press Release del Departamento de Justicia de la Florida – Terri Lynn Hankerson, de 59 años, de Lauderdale Lakes, Florida, fue sentenciada a cinco meses de prisión seguidos de cinco meses de confinamiento domiciliario por robar casi $50,000 en beneficios del Seguro Social dirigidos a su padre fallecido. Hankerson también debe pagar la restitución.
El padre de Hankerson recibió los beneficios del Seguro Social mediante depósito directo en una cuenta de jubilación. Hankerson se convirtió en copropietaria de esta cuenta aproximadamente un año y medio antes de que su padre muriera en junio de 2016. Hankerson no notificó a la Administración del Seguro Social ni al banco sobre la muerte de su padre. Por lo tanto, la Administración del Seguro Social continuó realizando los depósitos mensuales, incluidos los ajustes por costo de vida, desde julio de 2016 hasta que suspendió los beneficios en febrero de 2020.
Después de la muerte de su padre, Hankerson gastó casi $50,000 en beneficios del Seguro Social en conciertos, un club de striptease local, juegos de Miami Heat, Costco, hoteles, bares y otros lugares.
Después de un juicio de cuatro días, un jurado federal condenó a Hankerson por robar beneficios del Seguro Social años después de la muerte de su padre.
El Fiscal Federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida y el Agente Especial a Cargo Rodregas W. Owens de la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social (SSA OIG), División de Campo de Atlanta, anunciaron la sentencia impuesta por el Juez Superior del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos James I. Cohn.
La SSA OIG investigó el caso. El fiscal federal adjunto Jeremy Thompson y la entonces fiscal federal adjunta especial Jodi Raft procesaron el caso. La fiscal federal adjunta Annika Miranda está manejando la confiscación de activos.
La información y los documentos judiciales relacionados se pueden encontrar en el sitio web del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida en http://www.flsd.uscourts.gov o en http://pacer.flsd.uscourts.gov, bajo el número de caso 22-cr- 60227.
El caso de Terri Lynn Hankerson no es para nada exclusivo.
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Aparte de estos dos casos, se han informado casos en Florida y en general, en los Estados Unidos, de personas que recibieron de manera fraudulenta beneficios del Seguro Social destinados a sus padres fallecidos durante años.
En algunos casos, las personas continuaron cobrando los beneficios durante años después de la muerte del padre, a menudo proporcionando información falsa a la Administración del Seguro Social.
Entre esos casos tenemos el acontecido en 2018, cuando una mujer de Florida fue sentenciada a 18 meses de prisión por cobrar más de $300,000 en beneficios del Seguro Social destinados a su madre fallecida durante más de 16 años. La mujer fue acusada de robo de identidad agravado y fraude electrónico.
Un año después, en 2019, un hombre de Ohio fue acusado de cobrar más de $300,000 en beneficios del Seguro Social destinados a su madre fallecida durante más de 14 años. La acusación alegaba que el hombre había ocultado la muerte de su madre y había seguido cobrando sus cheques de jubilación.
También ocurrió en el 2020, cuando un hombre de Nueva York fue acusado de cobrar más de $170,000 en beneficios del Seguro Social destinados a su madre fallecida durante más de 12 años. La acusación alegaba que el hombre había ocultado la muerte de su madre y había falsificado documentos para seguir cobrando sus cheques de jubilación.
Estos son solo algunos ejemplos de los muchos casos de fraude relacionados con el Seguro Social en los Estados Unidos. Las autoridades federales y estatales continúan trabajando para identificar y procesar a aquellos que cometen este tipo de delitos.
Este tipo de fraude ha sido descubierto a través de varios medios, incluyendo auditorías e investigaciones de rutina por parte de las agencias de aplicación de la ley.
Quienes sean declarados culpables de este delito pueden enfrentarse a importantes multas e incluso a prisión. La Administración del Seguro Social ha instado al público a denunciar cualquier caso sospechoso de fraude, ya que busca proteger la integridad del programa y garantizar que los beneficios se distribuyan de manera justa y adecuada.