Es conocida la tendencia que mueve a muchos trabajadores del sector estatal cubano a abandonar sus empleos y, entre otras cosas, a tratar de insertarse en el emergente sector privado de la economía en busca de mejores salarios.
Pero tal vez pocos imaginarían que la cifra de bajas de los últimos tiempos, solo entre el personal calificado, fuese tan elevada. Según dio a conocer la ministra de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Margarita González, durante la reunión de las Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular, durante el trienio 2014-2016 hubo 300.400 bajas entre profesionales, técnicos de nivel medio y obreros calificados. Ellos pertenecían a los sectores de la construcción, educación, industria, transporte, agricultura, salud pública, y la Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE) BioCubaFarma.
Además de los insuficientes salarios, incidieron en las bajas los problemas con el transporte, la poca estimulación moral, las malas condiciones de trabajo, así como el deficiente estado higiénico-sanitario de algunos centros laborales.
El éxodo también afecta a entidades que se relacionan estrechamente con la población, como las instancias municipales y provinciales del propio Ministerio del Trabajo (MTSS), el Instituto Nacional de Seguridad Social (INASS), Planificación Física, y la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT).
Ante tal situación, estas últimas entidades han debido contratar a personal joven y con escasa experiencia con tal de no detener sus servicios. La ministra del MTSS informó que, en la actualidad, solo el 16% de los empleados de estas entidades encargadas de velar por el control y desarrollo económico del país, superan los diez años de trabajo en su actividad.
Cualquiera podrá imaginar las vicisitudes que pasa la población para realizar trámites como una solicitud de jubilación, una declaratoria de heredero o si le corresponde un incremento en su chequera de pensionado. En ocasiones es preciso acudir a las oficinas de esas entidades con el conocimiento de las leyes y resoluciones dictadas al respecto. De lo contrario, es muy posible que los ciudadanos salgan desorientados o mal informados tras ser atendidos por funcionarios inexpertos.
Semejantes irregularidades son más frecuentes en los casos de los trabajadores por cuenta propia, ya que se trata de una legislación muy específica y de más reciente promulgación.
Por ejemplo, se conoció de un cuentapropista que debió aguardar un año —cuando el trámite en condiciones normales no debe de rebasar los dos o tres meses— para acceder a su jubilación. El trabajador había cumplido los 63 años y cumplía los requisitos para acogerse al denominado “periodo de tránsito”, un mecanismo que permite la jubilación antes de los 65 años, que es la edad oficial de retiro en el caso de los hombres.
Pero el cuentapropista fue rechazado una y otra vez en las instancias municipales del MTSS y el INASS, debido a que en esos lugares los funcionarios desconocían los pormenores del citado mecanismo de jubilación. Entonces, tras soportar el angustioso peloteo, debió reclamar ante la instancia nacional del INASS para resolver su caso.
También trascendió la información errónea que otro cuentapropista recibió en una oficina del MTSS en un municipio del interior del país. En ese lugar le dijeron al trabajador por cuenta propia que para ellos la edad de jubilación era de 67 años. Evidentemente, el funcionario que lo atendió desconoce que la edad de jubilación es única para todos los trabajadores, sean estatales o privados.
Si nos referimos a la ONAT, muchos concuerdan en que una información correcta y oportuna de sus funcionarios podría disminuir el ambiente de incertidumbre que embarga a muchos trabajadores por cuenta propia ante los altos impuestos y otras limitaciones que se interponen en el desempeño de su labor. Una incertidumbre que, en ocasiones, los lleva a declarar menos ingresos que los esperados por los fiscalizadores de ese organismo.
A propósito, en la mencionada reunión de las Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional se dijo que de las Declaraciones Juradas de Ingresos Personales fiscalizadas al cierre de abril, cuando finalizó la campaña de declaración de ingresos, el 72% reflejó subdeclaraciones que ascendían a 60 millones de pesos. ¡Qué se preparen los bolsillos de los cuentapropistas ante la avalancha de multas que se avecinan!
Publicado originalmente en Diario de Cuba por Orlando Freire Santana