Especial.- Desde hace varios meses los guatemaltecos salieron a las calles a protestar en contra de una red de corrupción aduanera que implica a más de 40 funcionarios del país centroamericano, entre los que figuran la ex vicepresidente Roxana Baldetti y el presidente Otto Pérez Molina, quien dimitió al cargo el pasado miércoles 2 de septiembre.
La investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo adscrito a la Organización de Naciones Unidas (ONU), y la fiscalía del país se centra en 40 casos de cobros ilegales y contrabando en las aduanas, que dependen de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
La red, conocida como “La Línea” operaba desde hace al menos un año, y aunque se desconoce el monto total de lo defraudado. Sin embargo, en dos semanas un miembro del grupo delictivo fue capaz de recaudar 2,5 millones de quetzales (unos US$330.000), de acuerdo a la pesquisa oficial.
El escandalo, llevó a Baldetti a renunciar en mayo y la presión social aumento, hasta que esta semana el Congreso de Guatemala, con el voto unánime de los diputados, levantó la inmunidad a Pérez Molina, quien renunció al cargo de presidente la noche del miércoles y se puso a la orden de la justicia la mañana del jueves.
Este es el ambiente en el que el domingo, los guatemaltecos acudirán a las urnas electorales para escoger a sus nuevas autoridades nacionales, una jornada que, se espera, esté marcada por las protestas pacíficas de la ciudadanía.
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