Diario de Cuba.- Resulta significativo que ahora, cuando se inicia la campaña de presentación de la Declaración Jurada de Ingresos Personales correspondientes al período fiscal 2015, haya una disminución en el número de trabajadores por cuenta propia. De acuerdo con cifras emitidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, si lo comparamos con mayo del año pasado, en este momento hay 8.200 personas menos ejerciendo esta modalidad de empleo no estatal.
La cifra, incluso, podría resultar engañosa y quedar por debajo de la cantidad real de cuentapropistas que realizan las ocupaciones tradicionales de esta actividad —entre ellas las de elaboradores-vendedores de alimentos, transportistas y arrendadores de viviendas y espacios—, y que decidieron renunciar a sus licencias. Lo anterior se explica porque las autoridades compensan esas bajas con las altas que representan los empleados de los establecimientos estatales que pasan a la modalidad de arrendamiento, los cuales son obligados a inscribirse como trabajadores por cuenta propia, pues de lo contrario serían echados a la calle.
No habría que ser muy perspicaz para relacionar esas bajas con el temor que se siente ante las referidas Declaraciones Juradas. Es verdad que los cuentapropistas, a medida que van causando baja, deben presentar una Declaración Jurada sobre los ingresos obtenidos. Pero esas presentaciones antes del término del período fiscal son, por lo general, un acto puramente formal que no conlleva la atención de los fiscalizadores de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT).
Durante la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la ministra de Finanzas y Precios Lina Pedraza anunció ciertas “facilidades” para los cuentapropistas que deben confeccionar la Declaración Jurada en el actual período enero-abril de 2016. La más publicitada fue el aumento de un 10% en los gastos a reflejar en cada una de las actividades. Sin embargo, el entusiasmo se esfumó cuando el zar de la economía, Marino Murillo, reafirmó que, por ahora, no hay posibilidades de crear un mercado mayorista donde los trabajadores por cuenta propia adquieran sus insumos y materias primas.
Eso significa que los cuentapropistas deben seguir comprando en el mercado minorista, el que muy pocas veces les emite vales o facturas que justifiquen esas compras. Y de acuerdo con la Ley 113 del Sistema Tributario, aquel cuentapropista que no logre justificar al menos el 50% de sus compras de insumos, solo podrá reflejar en la Declaración Jurada la mitad de los gastos permitidos.
Por ejemplo, si a un elaborador-vendedor de alimentos se le acepta ahora, en teoría, reflejar en su Declaración Jurada hasta un 60% de gastos con respecto a los ingresos declarados, en la práctica muchos de ellos podrán acreditar únicamente un 30% de gastos. Y eso, lógicamente, aumentaría el posible impuesto a pagar.
Por otra parte, nada ha cambiado en las dos aristas más temidas de la Declaración Jurada: la escala progresiva, y la fiscalización que de ella realizan los funcionarios de la ONAT. En cuanto a la primera, se mantiene el leonino gravamen del 50% a pagar por los tramos de ingresos que superen los 50.000 pesos. La fiscalización, por su parte, se realiza casi siempre mediante números calculados en una oficina, sin una visita al lugar de los hechos que compruebe las particularidades de cada negocio. En ese contexto, infinidad de cuentapropistas han debido pagar multas exorbitantes al ser considerados “subdeclarantes” por las autoridades.
En la mencionada reunión parlamentaria, la ministra Lina Pedraza informó también que 17 actividades que tributaban por el régimen general —es decir, que presentaban Declaración Jurada— pasan ahora al régimen simplificado. O sea, que no se les exige presentar ese documento.
En realidad, no se trata de un alivio apreciable para los practicantes del trabajo por cuenta propia. Aún permanecen más de 70 actividades dentro del régimen general de tributación, lo que constituye un motivo adicional de preocupación para estos trabajadores no estatales.
Una auténtica gracia gubernamental sería limitar al mínimo el número de actividades obligadas a presentar las Declaraciones Juradas. Porque con los impuestos que se pagan de forma cotidiana: la cuota mensual, el 10% sobre las ventas o servicios prestados, el aporte a la seguridad social, por el uso de la fuerza de trabajo, y por el empleo de vallas anunciadoras, ya es más que suficiente.