Un grupo de indígenas amazónicos cumplen hoy cinco días de ocupación pacífica del Lote 192, mayor productor de petróleo de Perú, en demanda de atención gubernamental a sus demandas, informó Prensa Latina.
El dirigente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (Feconaco), Carlos Sandi, advirtió que los nativos que el sábado último tomaron el aeropuerto de Andoas y el cercano Lote 192, en la región amazónica de Loreto, mantendrán la protesta hasta ser atendidos.
Dijo que las comunidades exigen la presencia en la zona de una representación de alto nivel, encabezada por el primer ministro, Pedro Cateriano, y no aceptan tratar con funcionarios menores.
Sandi señaló que los nativos exigen compensaciones por el deterioro de sus territorios por la explotación del lote y un fondo de garantía por daños futuros, tras la entrega del área a la transnacional canadiense Pacific Stratus Energy.
También señaló que los indígenas, que han paralizado la producción y otras operaciones en la zona, exigen que la empresa estatal Petroperú se haga cargo del lote, como lo autoriza una ley aprobada por el parlamento y que el gobierno tiene bajo estudio antes de ponerla en vigencia u observarla.
La viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, que tiene a su cargo los procesos de consulta previa a las comunidades sobre proyectos económicos en sus tierras, señaló que las medidas de fuerza no generan condiciones para dialogar.
Entretanto, la contraloría general anunció que analizará el contrato de concesión del Lote 192 por dos años con Pacific Stratus Energy, para verificar su legalidad y determinar si la consulta previa a las comunidades se cumplió.
También las denuncias de posibles conflictos de interés en la negociación del contrato, por relaciones entre la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, y funcionarios de la agencia estatal de contrataciones y la empresa canadiense.
Los promotores de la ley que posibilita la entrada de Petroperú al Lote 192 han señalado que el contrato registra irregularidades por las que puede ser anulado, ante alegatos del gobierno sobre la imposibilidad de incumplir el acuerdo para que participe Petroperú.