Un grupo de falsificadores que operaba en La Habana, se encuentran temerosos a que las leyes cubanas sean muy severas con su caso, alegando que su juicio “está muy polítizado” detalla Diario de Cuba.
A juicio de los abogados defensores, el jurado a cargo del juicio no sopesa objetivamente los atenuantes.
Al grupo se le acusa de falsificar direcciones del interior del país hacia la capital.
Uno de los acusados, un oficinista de Vivienda, habría sacado provecho de su cargo para obtener beneficios económicos a cambio de agilización de trámites. La Fiscalía cubana pide hasta tres años de cárcel.
Para los líderes de la llamada “Red del Cerro”, la petición es más dura, de entre 15 y ocho años de privación de libertad.
Esta red cayó a finales de 2016, justo cuando el dictador Raúl Castro pidió “mano dura” contra la corrupción imperante en las instituciones de su régimen.
La defensora de un cliente de la presunta red falsificadora, cree que aquel discurso fue clave para que este juicio adquiera un carácter “ejemplarizante”.
“Mi temor es que quienes deban decidir la suerte de las víctimas se cieguen por esa política y por hacer cumplir lo que venga de arriba sin antes analizar caso a caso las realidades que vivieron quienes acudieron a los funcionarios corruptos”, declaró abogada, quien pidió no ser identificada.
Ahora, esta banda se enfrenta a una pena que podría ser muy dura para el delito que cometieron, aunque el régimen se encargará de que sirva como ejemplo para quienes sigan ejerciendo la corrupción valiéndose de su cargo.
Redacción Cubanos por el Mundo