Ocho personas vinculadas al movimiento Cuba Primero podrían enfrentar un juicio el próximo 28 de mayo en la provincia de Las Tunas, de acuerdo con información difundida por la organización Justicia 11J, que cita fuentes familiares de los acusados.
La fiscal Iany Fernández Jomarrón solicita penas de entre seis y nueve años de prisión por el presunto delito de “propaganda contra el orden constitucional”, tipificado en el Código Penal cubano. Según las mismas fuentes, la acusación se basa en la afiliación de los procesados al mencionado movimiento y en publicaciones críticas realizadas en redes sociales. No se les imputan actos de violencia.
De acuerdo con un documento legal revisado por Justicia 11J, las solicitudes de condena son las siguientes: Javier Reyes Peña (nueve años), Guillermo Carralero López (ocho años), Adisbel Mendoza Barroso (ocho años), Carlos Manuel Santiesteban Saavedra (siete años), Carlos Alberto McDonald Ennis (siete años), Enrique González Infante (siete años), Pedro Carlos Camacho Ochoa (siete años) y Maikel Hill Ramírez (seis años).
Siete de los ocho acusados llevan más de dos años en prisión provisional, lo que Justicia 11J ha calificado como un «uso prolongado de la prisión provisional como castigo político». Entre los procesados hay personas con enfermedades y al menos uno cuenta con medida extrapenal por razones médicas, según las mismas fuentes.
La organización señaló que Pedro Carlos Camacho Ochoa y Javier Reyes Peña se encuentran aislados en celdas de castigo de la Prisión Provincial de Las Tunas, conocida como «El Típico», sin que se les haya atribuido falta disciplinaria alguna dentro del penal. Camacho Ochoa, de 27 años, fue detenido el 3 de abril de 2024. La plataforma Prisoners Defenders lo reporta con trastorno de personalidad e hipertensión. Previamente había sido multado con 3,000 pesos por manifestarse durante las protestas del 11 de julio de 2021.
Justicia 11J también denunció condiciones inhumanas en la Prisión Provincial de Las Tunas, como falta de medicinas, negación de atención médica, problemas con el suministro de agua y el uso de reclusos comunes para hostigar a presos políticos.
El caso se produce en el contexto de las medidas adoptadas por el régimen cubano tras las protestas del 11 de julio de 2021. Según datos de Justicia 11J, actualmente hay 775 presos políticos en Cuba, de los cuales 338 fueron condenados por su participación en aquellas manifestaciones.
El régimen cubano ha defendido en repetidas ocasiones su derecho a sancionar conductas que considere atentatorias contra el orden constitucional, pero realmente se trata de una persecución que tiene en contra de las personas que muestran rechazo a la dictadura.
El juicio, si se confirma la fecha del 28 de mayo, podría resolverse en aproximadamente cinco días, según la información proporcionada por Justicia 11J. Hasta el momento, no han ofrecido una declaración oficial de la Fiscalía o del Tribunal Provincial de Las Tunas sobre este caso concreto.
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