Autoridades de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) adscrito al departamento del Tesoro de los Estados Unidos, abrió un proceso legal contra Albert Fox, un defensor de las relaciones entre La Habana y Washington, por presunta violaciones de las leyes del embargo al realizar dos viajes a la Isla.
Fox estaría enfrentando una multa de casi cien mil dólares. La medida, que llega en pleno proceso de normalización de relaciones diplomáticas, restituye los llamados “juicios por viajes a Cuba”, suspendidos desde la administración de George W. Bush.
El caso fue asignado al juez Michael J. Devine de la corte administrativa de la Guardia Costera en Baltimore, reseña el Nuevo Herald.
Según los documentos oficiales del caso OFAC acusa a Fox, presidente de la Alliance for Responsible Cuba Policy Foundation con sede en Tampa, de haber realizado transacciones prohibidas relacionadas con dos viajes a Cuba, entre ellas proveer servicios de viajes no autorizados a cinco miembros de la International Association of Drilling Contractors de Houston—quienes viajaron a la isla en agosto del 2010—e involucrarse en actividades de negocios no autorizadas, incluidas reuniones con funcionarios del gobierno cubano.
OFAC también presentó cargos más detallados contra Fox, en relación con un segundo viaje en septiembre del 2011 de una delegación de 15 personas encabezadas por el fallecido presidente de la autoridad de aviación del condado de Hillsborough, Steve Burton, y la ex comisionada de la ciudad de Tampa Mary Mulhern (y en la que también participó el derrotado candidato al Senado, Carlos Beruff), quienes viajaron en el vuelo inaugural de la nueva ruta aérea Tampa-La Habana. Según el caso presentado por esa Oficina, Fox habría gestionado el alojamiento de la delegación en el Hotel Nancional, los pagos para los boletos aéreos con Xael Charters, el transporte en la isla con Havanatur, las comidas durante el viaje y las visas de algunos miembros de la delegación.
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