En vista del pésimo servicio que ofrecen las entidades públicas de Cuba, Una docena de cubanos decidieron usar los servicios de una presunta red de falsificadora de documentos del municipio Cerro, dedicada a “agilizar” trámites de cambio de dirección de provincia hacia La Habana.
Esto los llevó a ser multados por unos tres mil 700 pesos cubanos, aunque para ellos es un alivio, ya que la fiscalía pedía hasta tres años de cárcel.
Según detalla Diario de Cuba, el caso terminó de esta manera para evitar un escándalo mediático, ya que muchos repudiaban que las víctimas fueran las sentenciadas y no los verdaderos culpables.
“Creo que el desenlace fue este porque el Tribunal de La Habana se vio presionado por la visibilidad mediática que adquirió el caso y las denuncias de que se pretendía criminalizar a quienes fueron estafados como medida ejemplarizante”, expresó una abogada defensora
Los estafados informaron que creían que estas personas agilizaban los trámites y no que falsificaban los documentos, razón que los llevó a usar sus “servicios”.
De los más de 20 procesados, solo se conocieron las sentencias de quienes recibieron los servicios de la red, no así de las principales acusadas, ambas exempleadas de dependencias estatales.
En noviembre de 2016, la técnico de Ordenamiento Territorial Niuvis Marily García se quitó la vida en La Habana.
Días antes, le habían notificado una revisión del papeleo legal que manejaba, especialmente los modelos de Resolución por el Decreto 217/97, relacionados con expedientes de migración interna en el país.
El suicidio no hizo sino aumentar las sospechas de las autoridades.
Sonia Milagro Barban, abogada de la Dirección Municipal de Vivienda del Cerro desde 2012, fue detenida por agentes de Policía y separada del cargo. En breve la acusarían de liderar la red de falsificación de documentos.
Otra implicada es al amiga de esta, identificada como Iluminada Machado, quien fungía como funcionaria del Consejo de Administración Provincial de La Habana.
Ella tuvo acceso a los modelos de Resolución por el Decreto 217/97 y preparaba los expedientes.
Tanto Machado como Barban llevaban dos años de reclusión cuando se inició el juicio. El proceso de la Causa 41/18 se extendió por dos días (28 y 29 de agosto pasados), en la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Popular Provincial habanero.
La red, que según las autoridades operó entre 2013 y 2016, se habría dedicado a falsificar expedientes migratorios de residentes en provincias hacia la capital, y habría tenido como centro la oficina de Vivienda del municipio Cerro.
Redacción Cubanos por el Mundo