La dictadura cubana anunció este martes el cierre anticipado del año lectivo 2025-2026 entre el 15 y el 30 de junio, cuando originalmente estaba previsto para julio, debido a la crisis humanitaria que asfixia al sistema educativo.
El régimen cubano volvió a demostrar el fracaso de su modelo totalitario, con el anuncio, a través del programa oficialista Mesa Redonda, del adelanto del fin del curso escolar, una medida que muestra el colapso de los servicios básicos, provocado por décadas de mala gestión y opresión.
La ministra de Educación del régimen, Naima Ariatne Trujillo Barreto, compareció junto al titular de Educación Superior, Walter Baluja García, para justificar la decisión atribuyéndola a “limitaciones logísticas y de aseguramiento”.
Lo que significa que no hay combustible para transportar niños ni maestros, los apagones crónicos paralizan las escuelas y la infraestructura se desmorona bajo el peso de una economía de guerra.

“Un nivel de limitaciones en las condiciones logísticas (…) hacen que consideremos que es pertinente tomar la decisión de adelantar nuestro cierre del curso”, declaró Trujillo Barreto, quien reconoció que el calendario ya había sido publicado en la Gaceta Oficial mediante la Resolución 43/2025 para culminar en julio. Pero la realidad golpea los burócratas discursos.
La propia funcionaria admitió lo que cada cubano padece a diario: “Se caminan largas distancias tanto por los niños como por sus familias como por los maestros”. La falta total de combustible ha reducido la presencialidad a escombros, mientras los apagones rotativos, de hasta 18 horas diarias en algunas provincias convierten cualquier intento de clase en un acto de resistencia innecesario.
Entre 10,000 y 22,000 estudiantes permanecieron desconectados de sus instituciones durante momentos puntuales del curso, según cifras oficiales que la oposición considera conservadoras. La educación especial (ni siquiera eso), cerrará sus puertas desde mayo.
Trujillo Barreto anunció que las graduaciones se realizarán “en el barrio, en la escuela, en el municipio”, prohibiendo cualquier concentración masiva. “No podemos limitar la posibilidad de ese acto tremendo”, dijo la ministra, mientras el régimen sí limita la libertad de expresión, la movilidad y el derecho a una educación digna.
Las universidades, por su parte, culminarán en la primera quincena de julio, aunque con modalidades semipresenciales impuestas por la falta de recursos energéticos y de transporte.
Para el curso 2026-2027, el régimen eliminó directamente los exámenes de ingreso a la educación superior, sustituyéndolos por el promedio acumulado del preuniversitario con “plaza garantizada”.
Una medida que los críticos interpretan como un intento de camuflar el deterioro académico con falsa equidad.
El sistema educativo arrastra un déficit de aproximadamente 24,000 docentes, una de cada ocho plazas sin cubrir, según cifras que la propia ministra no desmintió.
Provincias como Matanzas, Camagüey y Sancti Spíritus reportan más de 2,000 vacantes cada una. La emigración masiva impulsada por salarios de miseria y la falta de libertades han dejado a millones de niños sin alguien que les enseñe.
El régimen calificó este proceso como “de sensibilidad extraordinario, de sacrificio, de compromiso tremendo” rozando “el heroísmo cotidiano”. Para los padres cubanos, es simplemente la constatación de que la dictadura ha destruido hasta el derecho fundamental a la educación.
Esta es la tercera ocasión en apenas dos años que el castrismo ajusta el calendario escolar de forma drástica. Con el país sumido en la peor crisis desde el “Período Especial”, la pregunta no es si vendrán más recortes, sino cuándo el sistema educativo colapsará por completo.
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