El opositor cubano Carlos Alberto McDonald está a punto de ser víctima de otra injusticia orquestada por el régimen castrista. Este 30 de junio, la maquinaria represiva ejecutará una farsa judicial en la prisión provincial de Las Tunas, conocida como “El Típico”, donde se pretende sentenciar a ocho activistas bajo cargos fabricados.
Según reportó Martí Noticias, Entre los procesados figura este opositor cubano, un hombre de 55 años que ya sufrió el calvario de la cárcel durante dos años y cuatro meses en calidad de preso provisional, todo bajo el pretexto de una supuesta “propaganda contra el orden constitucional”.
La farsa judicial contra los activistas
La dictadura, en su afán por aplastar cualquier rastro de pensamiento crítico, vincula a este opositor cubano con la organización Cuba Primero, a la cual califican de manera arbitraria y desesperada como una entidad “criminal”.
La fiscalía, siguiendo los dictámenes del Partido Comunista, solicita siete años de privación de libertad para McDonald Ennis, además de peticiones de entre seis y nueve años para el resto de sus compañeros de causa. Esta cacería evidencia el miedo que siente un régimen que se desmorona ante la verdad.
Negligencia médica como herramienta de tortura
Lo más atroz de este proceso no solo radica en la falta de pruebas o en la criminalización de la libertad de expresión, sino en la negligencia criminal que la tiranía ejerce contra sus rehenes.
Durante su cautiverio en agosto de 2025, a este opositor cubano le detectaron un tumor maxilar. A pesar de haber sido sometido a tres tomografías y dos biopsias, el sistema sanitario, cómplice absoluto del aparato represivo, le negó quimioterapia, radioterapia y hasta el acceso a su propio historial clínico.
La desfachatez de las autoridades carcelarias
El propio afectado denunció la desfachatez con la que operan los esbirros del régimen, quienes ni siquiera siguen los protocolos legales mínimos.
McDonald Ennis relató la forma informal en que recibió la noticia de su inminente juicio: “La notificación vino porque me llamaron a este número de teléfono. Ellos no me dan un acuse de recibo, me llaman por teléfono y me dicen que el juicio es el día 30 en la sede de la prisión, en la prisión provincial de Las Tunas, El Tipico”.
Condiciones infrahumanas en las mazmorras
Este opositor cubano padece diabetes mellitus, secuelas de una pancreatitis necrótica y graves complicaciones cardíacas en su válvula pulmonar. La vida dentro de las mazmorras castristas es una sentencia de muerte lenta, caracterizada por la carencia absoluta de insumos básicos.
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Al describir ese infierno, el disidente señaló con contundencia: “No tenía medicamentos de la cardiopatía, no tenía medicamentos del corazón, no tenía medicamentos absolutamente nada y los alimentos eran muy desfavorables y con fetidez”.
La criminalización de la interacción digital
La arbitrariedad judicial llega al punto de castigar la simple interacción en redes sociales. El acusado ha rechazado frontalmente las acusaciones de la fiscalía, aclarando que su participación se limitó a un grupo de WhatsApp, algo que la dictadura intenta retorcer para fabricar delitos.
“Sé que aparezco en las redes sociales, pero aparezco en un grupo de WhatsApp. Y entonces ellos ahora propaganda contra el orden constitucional, donde no he hecho ningún tipo de propaganda ni nada de eso”, sentenció el opositor cubano.
El desprecio absoluto por los derechos legales
Durante más de 800 días de encierro preventivo, el Ministerio de Justicia cubano se dedicó a pisotear cualquier intento de defensa. Todos los recursos legales, incluyendo el habeas corpus y las solicitudes de cambio de medida, fueron sistemáticamente rechazados por un tribunal que carece de independencia y ética.
“El Ministerio de Justicia me ha rechazado totalmente todo eso, el habeas corpus me ha rechazado los cambios de medida”, puntualizó el activista.
El régimen permitió su excarcelación bajo una fianza de 50 mil pesos, no por humanidad, sino porque el estado de salud de este opositor cubano se volvió incompatible con la permanencia en prisión.
Sin embargo, apenas 16 días después de otorgar este beneficio, la dictadura le notificó la fecha de su juicio. Esta maniobra demuestra, una vez más, que para la tiranía no existen derechos humanos, solo el afán de silenciar a quienes se atreven a alzar la voz contra un sistema que no tiene justificación histórica ni moral para seguir en la isla.