Para establecer compañías secretas en paraísos fiscales, los miembros de la élite latinoamericana acudían a un condominio en un edificio en Brickell que una vez apareció en la serie de televisión Miami Vice.

Olga Santini, la representante en Miami de la firma legal Mossack Fonseca (MF), con sede en Panamá, opera desde una unidad de dos dormitorios en el Palace, un alto edificio frente al mar en la Avenida Brickell.
Cientos de empresas ficticias –muchas de ellas registradas en las Islas Vírgenes Británicas y otras jurisdicciones que se benefician al permitir que los dueños de las corporaciones escondan sus nombres– se pueden seguir hasta el condominio de Santini.
Muchas de las personas que vienen a Santini y a su firma son de Brasil, incluyendo políticos, jueces y empresarios con conexiones políticas. Varios han sido acusados de corrupción, pero aún son capaces de crear empresas en paraísos fiscales a través de Mossack Fonseca.
▪ Martin Lustgarten, quien fue exonerado en el 2015 de supuesto lavado de dinero en Miami.
▪ Giuseppe Donaldo Nicosia, un fugitivo italiano de vida agitada buscado por un enorme fraude impositivo.
▪ Mauricio Cohen Assor y Leon Cohen-Levy, padre e hijo constructores de hoteles sentenciados a 10 años de prisión por ocultar al Servicio de Impuestos Internos mansiones, autos de lujo y cuentas de banco por $150 millones.
(MF estableció corporaciones en paraísos fiscales para Lustgarten y los Cohen, pero Santini no estuvo involucrada, de acuerdo con los registros).
Tener una compañía en un paraíso fiscal es legal, siempre que sus bienes se declaren a las autoridades impositivas, algo que hace fácil de evitar la discreción de las leyes en dichos paraísos.
Los reguladores de todo el mundo desprecian a estas compañías como formas para evadir impuestos y almacenar bienes robados. Un estudio del 2011 del Banco Mundial sobre 150 importantes casos de corrupción encontró que para ocultar fondos robados, nueve de cada 10 perpetradores usaron entidades corporativas falsas que eran legales, como las compañías en paraísos fiscales.

Santini administra la oficina de Mossack Fonseca en Miami desde su condominio. (El episodio 16 de Miami Vice, Rites of Passage(Ritos de iniciación), muestra escenas filmadas en el Palace. Un proxeneta interpretado por John Turturro vive en el edificio, donde es muerto a balazos por la hermana de una prostituta fina cuyo asesinato él arregló).
La firma actúa como intermediaria, o “agente registrado”, para establecer compañías en paraísos fiscales para clientes referidos por abogados y embaucadores.
Firmas legales como Mossack Fonseca no tienen que seguir las estrictas reglas de “conozca a su cliente” impuestas a los bancos. Pero no pueden facilitar a sabiendas el lavado de dinero, de acuerdo con las leyes y directrices establecidas por la industria legal.
Ella aún se gana una buena vida con su trabajo.
Una factura de enero del 2013 muestra que entre agosto y diciembre del 2012, Santini ayudó a incorporar más de 200 compañías en las Islas Vírgenes Británicas, Samoa y las Seychelles, todas en paraísos fiscales extraterritoriales.
Mossack Fonseca cobraba a sus clientes entre $750 y $1,400 por compañía, de acuerdo con la factura. Santini recibía una comisión de un 30 por ciento de esa tarifa.
David Schwartz, presidente ejecutivo de la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida, dijo que los requerimientos de la diligencia debida en los bancos estadounidenses hacen que los lavadores de dinero busquen actores periféricos en la industria financiera, como abogados y firmas extraterritoriales.
“Ellos siempre buscan un punto de entrada al sistema”, agregó Schwartz.
El Miami Herald llamó a Santini y le envió a ella y a las oficinas centrales de MF en Panamá una lista detallada de preguntas sobre sus clientes.
En una breve respuesta en un correo electrónico al Miami Herald, Santini negó haber hecho algo incorrecto. “Soy una suministradora independiente de servicios a la firma legal Mossack Fonseca, así como a otras firmas legales. No soy la oficina en Miami de Mossack Fonseca, ni una empleada de esa organización. No puedo responder a un caso particular de un cliente excepto para decir que es mi práctica llevar a cabo una significativa diligencia debida a mis clientes y es mi política personal cumplir por completo con la letra y el espíritu de la ley en cada jurisdicción”.
Aunque Santini dijo que no es una empleada de MF, ella usó la dirección de correo electrónico de la compañía para tener correspondencia con clientes. Santini habló en una conferencia contra el lavado de dinero que se celebró en el 2009 en Miami como una “representante de Mossack Fonseca”. Y una entrada del sitio web de la firma del 2014 la describe como “Ms. Olga Santini de nuestra Oficina en Miami de Mossack Fonseca”.
Las oficinas centrales de MF respondieron con una declaración de seis páginas detallando las prácticas empresariales de ellos, defendiendo la calidad de su diligencia debida y diciendo que nunca facilitaron deliberadamente algún tipo de incumplimiento de la ley.
La tubería brasileña.
En el 2011, un abogado de Miami Beach llamado Julio Barbosa pidió a Santini que creara una compañía en un paraíso fiscal para su cliente, Paulo Octavio Alves Pereira.
Una simple búsqueda en Google pudo haber mostrado que Octavio, un rico constructor que posteriormente usó la compañía en un paraiso fiscal para comprar un condominio ultralujoso en Bal Harbour, había sido acusado de corrupción: alegaciones de aceptar sobornos lo obligaron a renunciar seis meses antes como gobernador del estado capital brasileño, Brasilia. Octavio había obtenido el cargo sólo porque el anterior gobernador había sido arrestado por el mismo escándalo. La policía bautizó su investigación como “Operación Caja de Pandora”.
Ninguna señal de alarma se tomó en Mossack Fonseca.
No fue sino hasta el 2013, dos años después que MF estableció la empresa en un paraíso fiscal de Octavio, que la firma se dio cuenta que podría tener un problema: las anteriores posiciones en el gobierno de Octavio (él sirvió también como representante y senador) lo convertían en una “persona políticamente expuesta” en el estilo de hablar de las regulaciones contra el lavado de dinero, de acuerdo con correos electrónicos entre empleados de MF. Las regulaciones de EEUU obligaron a la firma a llevar a cabo revisiones ampliadas de diligencias debidas a los clientes de PEP y determinar de dónde venía el dinero.
Correos electrónicos frenéticos de Santini al abogado de Octavio no se respondieron.