Fecha límite. La Procuraduría General de Colombia le dio un plazo de 15 días a la cancillería de ese país, para definir cuál será el destino de los migrantes varados en el almacén de Turbo, región antioqueña.
Colombia informó a través de su canciller, María Ángela Holguin, que iniciarían el proceso de deportaciones masivas a Ecuador y Cuba para solventar la problemática.
Es por ello, la Defensoría del Pueblo, interpuso un recurso ante la Procuraduría para que se revisara esa decisión.
Resultados
“Se aplazó la definición del problema pero fue reunión fructífera, es decir, que efectivamente la Procuraduría General de la Nación ejecutó una labor de prevención y garantiza con esta actuación que la solución que se dé sea de forma y de fondo y defintiva ”, indicó el Defensor del Pueblo de Urabá, William González, que compareció a la audiencia citada por el ente de control en su sede del centro de Bogotá.
Indicó el funcionario que la Procuraduría ordenó un censo en la zona para verificar la situación de los cubanos que se encuentran en la zona. Todas las instituciones tienen tareas especificas en este propósito.
La deportación aún no ha iniciado y de ser así, la Defensoría aseguró que estaría atenta para que todos los procesos se realizaran apegados al Derecho Internacional.