Tomado de Progreso Semanal
“Vendo caro porque a mí me venden caro”. Así sintetiza el problema de la agricultura y los altos precios de la comida en Cuba un productor que, aun cuando vende su mercancía sin intermediarios, se niega a disminuir sus tarifas. Dado que hablamos de la comida de un país y, como todos saben, con la comida no se juega, esa frase breve adquiere cada vez más graves connotaciones.
El hecho tipifica a un mercado hoy limitado por la poca capacidad de oferta (baja productividad), por una larga y enrevesada cadena de comercialización y producción, y por las estrictas condiciones en que trabajan los campesinos.
Algunos de estos aspectos han sido ampliamente analizados por estudiosos del tema que durante años han advertido sobre la importancia de actuar en lo que ya se sabe funciona mal.
Este es un momento de crisis. Pero no es un problema reciente, sino que durante muchos años la agricultura en Cuba se ha tardado en despegar, y aún no lo hace. Los altos precios tampoco son nuevos. De hecho, con anterioridad varias veces se ha intentado la alternativa de toparlos sin resultados positivos.
Es decir, sabemos que este límite máximo en los precios no ha funcionado antes. Así y todo, en la edición del domingo 17 de enero del periódico Tribuna de La Habana, y solo en ese medio que sepamos, se anunció la ampliación de la red de Mercados Agropecuarios Estatales en La Habana, abastecidos por las empresas agropecuarias de Artemisa y Mayabeque y regidos por un listado oficial de precios con un tope máximo.
A finales de diciembre pasado algunos de los diputados a la Asamblea Nacional durante el Sexto Periodo Ordinario de Sesiones de la VIII Legislatura pusieron esta solución sobre la mesa. Ante la inquietud expuesta por los altos precios de los alimentos, el presidente cubano Raúl Castro afirmó, según reportó Cubadebate, que este era un “tema preocupante” al que había que dar una solución “al menos momentánea”, pero sin dilaciones.
Días después y ante la posibilidad de que el gobierno adoptara, al menos momentáneamente, la imposición de precios máximos a diferentes productos agropecuarios, los mercados en La Habana se quedaron prácticamente vacíos, y de hecho algunos fueron cerrados. Los productores y demás intermediarios de la distribución de alimentos, quienes escucharon atentamente a sus dirigentes, tomaron sus propias medidas: “el ocultamiento de mercancía para ejercer presión sobre los precios, por lo cual fueron puestos a disposición de la fiscalía más de un administrador”, según informa Tribuna.
Los productores privados y de las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) son un grupo económicamente importante. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, entre ambas formas de gestión producen el 69,7 por ciento de los alimentos en solo el 20, 6 por ciento de la tierra cultivable. También son responsables del 66,2 por ciento de la producción nacional de leche, mientras que el Estado solo produce el 13 por ciento. Poseen, además, el 66,3 por ciento de las vacas lecheras, el 65,8 por ciento del ganado vacuno y el 57 por ciento de los cerdos.
Por ello las consecuencias de las más recientes medidas pueden ser tan graves como la frase del inicio, en tanto la mayor producción de alimentos en el país no está en manos del sector estatal. Aunque sí es responsabilidad del Estado actuar y propiciar que el mercado agropecuario se manifieste del modo más cercano posible a la competencia leal.
Además habría que analizar la capacidad productiva de las empresas de Artemisa y Mayabeque destinadas a abastecer a La Habana para saber la posibilidad real de que el abastecimiento se sostenga con “calidad y de forma permanente”. Pero esos datos no están disponibles.
En este caso podría suceder que el monto restante que los productores vendan a otras formas de comercialización no estatal, luego de cumplidos los contratos con el Estado, se mantenga con altos precios o incluso aumenten al ser menor su oferta.
Algo que tampoco se menciona en el texto de Tribuna es la cuantía de la producción a vender al Estado mediante esos contratos. Hace un tiempo, como promedio, era hasta un 80 por ciento lo que el productor de carne vacuna, arroz, leche y papa, por ejemplo, debía vender al Estado. Eso cambió luego de algunas medidas que impulsaron la descentralización de la cadena de comercialización de los alimentos, y se quedó en aproximadamente un 51 por ciento. El objetivo final, según se advertía, era que el acopio estatal se concentrara sobre todo en los destinos que las políticas sociales del Estados cubano garantiza: escuelas, hospitales, hogares maternos, etc.
Pero con el reciente tope de precios, quizás estemos observando un retorno a los grandes compromisos con el estado, lo cual significa un retroceso para la agricultura cubana. Incluso con productos donde el Estado siempre ha jugado un papel casi monopólico, como la carne vacuna y la leche, los precios que se ofrecían a la población se mantuvieron igualmente altos. ¿Por qué no habían bajado antes?
Por otra parte, algunos sitios en internet han estado informando sobre la prohibición de la actividad de los “carretilleros” (vendedores ambulantes) esta semana. Aunque no se ha publicado oficialmente y todavía pueden verse recorriendo las calles de la ciudad, se han publicado algunos testimonios.
“El precio es un sistema”
El primer día de trabajo de 2016, como había anunciado el presidente Raúl Castro al Ministro de Economía Marino Murillo en la Asamblea Nacional, los dirigentes cubanos con responsabilidad en el sector agropecuario debían estar reunidos para analizar estos problemas. No fue hasta el pasado domingo que se informó, en la edición impresa de Tribuna de La Habana y en ningún otro medio, sobre la medida de fijar precios máximos en los agromercados estatales.
A partir de los reportes de los menos de diez periodistas que realizaron la cobertura de los debates en la Asamblea Nacional, supimos que el Ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, se pronunció sobre la creación de ocho organismos dedicados al perfeccionamiento del sistema empresarial en ese sector, entre otras medidas disciplinarias a directores de empresas.
También escuchamos, en palabras de la ministra de Finanzas y Precios Lina Pedraza, sobre un grupo de medidas “tendentes a lograr incrementos paulatinos y mayores rendimientos en las producciones agropecuarias”, lo cual se traduce en menores impuestos y algunas excepciones de pago para los productores de alimentos. Buena noticia, teniendo en cuenta que por lo general una alta carga impositiva termina por ser reflejada en el precio final de los alimentos, números astronómicos que paga la población.
Pero nada se publicó (no podremos saber si se discutió) sobre la compleja situación de los productores. Todo deben comprarlo muy caro: petróleo, insumos técnicos y orgánicos, etc. Aunque el proceso de la comercialización había sido descentralizado por parte del Estado, en el eslabón donde se ubica el productor, quizás el más importante, el mecanismo sigue siendo muy estricto.
Es cierto que ha habido algunas mejoras. Por ejemplo los nuevos contratos dicen que tienen que entregar menor cantidad de su producción al Estado, pero el sector productivo continúa sujeto a la inexistencia de un mercado de insumos al que pueda acudir a comprar y encontrar lo que necesita en el momento oportuno. No olvidemos que la agricultura trata con seres vivos, y la naturaleza no espera a que haya más o menos fertilizantes.
En numerosas publicaciones del profesor Armando Nova, que durante años ha investigado el tema, han sido abordadas con minuciosidad los principales obstáculos de la agricultura en Cuba. A los ya mencionados podría agregarse que, aunque el precio del petróleo en el mercado mundial ha bajado, ese descenso no ha sido totalmente reflejado en los precios dentro de la Isla. Los productores ni siquiera tienen una tarifa especial, como sucede con algunas cooperativas no agropecuarias en el sector del transporte.
Todo esto explica —aunque no justifica— el hecho de que algunos productores subdeclaren las cantidades reales de alimentos para no vender su producción completa a un menor precio del que pueden obtener en el mercado de oferta y demanda, como se ha admitido en el Tribuna de La Habana.
Eso es, cuando menos, una muy mala señal. Porque el Estado puede calcular la producción que llega a sus manos, pero el campesino tiene mil maneras de no declarar el monto total de lo producido.
Por otro lado la tierra, véanlo, está mayormente en manos del sector no estatal:
Pero el asunto de los altos precios no se restringe solo a los alimentos. También en la Asamblea Nacional se mencionó esta idea. Fue el diputado por Viñales, Adalberto Fernández, quien expuso la relación de los precios de productos agropecuarios, que “no bajarán por decreto”, y el resto de los precios en el país:
“Lo que está ocurriendo de manera general tiene que ver con la política de precios que rige en todas las redes de comercio (240%)”. Así lo citó el diario Juventud Rebelde. “Dijo —continúa la cita— que si no bajan los precios de los productos en las Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD), si comprar un par de botas para trabajar sigue costando tan caro, no se puede esperar que baje la carne de cerdo, ni los demás productos que la población demanda”.
Así lo repiten la mayoría de los vendedores en el mercado negro: “aprovecha, que está más barato que en la shopping”. Excepto que en realidad solamente está menos caro, y en eso hay una gran diferencia.
Sencillamente el precio es un sistema. En palabras de numerosos economistas no se puede poner un precio a un producto agrícola sin considerar ese aspecto. Si en las tiendas del Estado venden la leche al doble que en el mercado subterráneo, eso incidirá en el resto de los componentes de la cadena del precio.
No asumirlo de esa forma es obviar una realidad que maltrata desde hace años a la mayoría de la población cubana, porque los precios siguen subiendo.