El destierro de presos políticos en Cuba volvió a estar sobre la mesa después de la denuncia realizada por la familia del opositor Yosvany Rosell García Caso, uno de los manifestantes encarcelados por las protestas del 11 de julio de 2021.
Según reveló su esposa, el régimen castrista intentó presionarlo para que abandonara el país como condición para aliviar su situación penitenciaria, una propuesta que el preso rechazó de forma categórica.
La denuncia se conoció a través de un video difundido en redes sociales por Mailín Rodríguez Sánchez, quien explicó que durante la llamada telefónica semanal con su esposo recibió detalles sobre las amenazas recibidas dentro de prisión para forzar su destierro.
De acuerdo con el testimonio de Rodríguez Sánchez, la comunicación con su esposo sufrió un retraso de varias horas porque las autoridades penitenciarias intentaron impedir que revelara públicamente la advertencia recibida.
“Puesto que no lo dejaban llamar”, explicó la mujer al narrar lo ocurrido antes de que finalmente pudiera conversar con él.
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Rechazó abandonar su país
Lejos de aceptar la propuesta, García Caso respondió con firmeza que no estaba dispuesto a salir de Cuba. Su esposa aseguró que el preso político transmitió un mensaje claro tanto a su familia como a quienes siguen su caso.
“Él se niega totalmente a abandonar el país. Nosotros como su familia lo apoyamos en todas las decisiones que él decida”.
Rodríguez Sánchez añadió que el opositor insistió en que no encontraba ninguna razón para aceptar el exilio forzado.
“Manda a decir a todo el mundo que por qué tiene que abandonar su patria, si al final los que se tienen que ir son todos los comunistas que han acabado con esta patria”.
Las declaraciones reforzaron la postura que tanto él como su familia han mantenido desde su encarcelamiento: permanecer en Cuba y reclamar cambios políticos sin abandonar el país.
La familia también rechazó el destierro
Rodríguez Sánchez dejó claro que la presión ejercida por las autoridades comunistas para forzar el destierro no solo afectó a su esposo, sino también a toda la familia.
Según explicó, ninguno de ellos desea abandonar la Isla, sino vivir en un país donde existan libertades y oportunidades.
“Nosotros lo que queremos es que Cuba sea grande, próspera y que nuestros hijos tengan un futuro. Nos negamos a salir de Cuba”.
La denuncia volvió a colocar sobre la mesa la práctica del destierro de presos políticos en Cuba, una estrategia que diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron durante los últimos años como un mecanismo de coerción contra la disidencia.
Del 11J a una condena por sedición
Vale recordar que Yosvany García Caso fue detenido después de participar en las históricas protestas del 11 de julio de 2021 en Holguín.
Pocas semanas más tarde fue trasladado a la Prisión Penal Provincial de Holguín, donde enfrentó un proceso judicial impulsado por la dictadura cubana.
Las autoridades inicialmente le atribuyeron delitos como atentado, desórdenes públicos, propagación de epidemias e incitación a delinquir, además de hacer referencia a supuestos antecedentes por tráfico de drogas.
Posteriormente fue condenado a 20 años de cárcel. Sin embargo, tras un recurso de casación, la pena quedó reducida a 15 años por el delito de “sedición”, una figura utilizada por el régimen castrista para castigar a numerosos participantes de las manifestaciones del 11J.
Huelgas de hambre y deterioro de salud
Durante su permanencia en prisión, García Caso protagonizó varias huelgas de hambre para reclamar su libertad y la de los demás presos políticos cubanos.
Desde septiembre de 2022 realizó al menos seis protestas de este tipo, una de ellas especialmente prolongada.
A finales del año pasado permaneció alrededor de 40 días sin ingerir alimentos.
En aquel momento, su esposa explicó que suspendió la protesta únicamente cuando las autoridades aceptaron una de sus exigencias.
“Él depuso la huelga de hambre porque accedieron a lo que pidió desde el inicio, que lo lleven a una celda aislado”.
Durante esa huelga, diferentes reportes alertaron sobre un deterioro físico severo.
Su estado de salud llegó a ser descrito como crítico después de presentar insuficiencia renal y síntomas compatibles con un grave desgaste orgánico, lo que incrementó la preocupación de familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos.
La nueva denuncia de la familia de Yosvany García Caso volvió a evidenciar ese patrón y reforzó las acusaciones de que el régimen castrista continuó utilizando el destierro como mecanismo de presión contra quienes se negaron a renunciar a sus convicciones políticas y decidieron permanecer en Cuba pese al encarcelamiento.
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