No conforme con haberla secuestrado sin ningún motivo, ahora el régimen castrista pretende fabricarles nuevos delitos a la presa política Yunaiky de la Caridad Linares Rodríguez.
La maquinaria represiva de la dictadura, experta en el “arte” de la infamia, busca desesperadamente cómo justificar el zarpazo contra una mujer que ya sufrió el rigor de las mazmorras por el simple hecho de alzar su voz el 11 de julio de 2021.
Hoy, el escenario se repite con una crueldad que no admite matices: el sistema totalitario cubano está decidido a destruir cualquier rastro de dignidad humana.
El inicio de una nueva pesadilla represiva
El calvario actual de esta presa política comenzó el pasado 2 de junio, cuando los esbirros, en un operativo cargado de violencia estatal, irrumpieron en Santa Amalia, municipio de Arroyo Naranjo. La familia de Linares Rodríguez, encabezada por su madre, Yurka Rodríguez García, denuncia que la detención ocurrió mientras reclamaban pacíficamente el restablecimiento de los servicios básicos.
“Había una manifestación en la calle y nosotros estábamos en la puerta de nuestra casa, porque llevábamos cinco días sin corriente y sin agua; estábamos cogiendo aire”, relató la madre a CubaNet.
Lo que comenzó como una legítima queja ciudadana se transformó en un teatro de horrores bajo la bota de los llamados “Boinas negras” y agentes vestidos de civil, quienes contaron con la presencia vigilante de la Seguridad del Estado.
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Violencia desmedida en Santa Amalia
El motivo del arresto de esta presa política fue tan espontáneo como humano: cuestionar el abuso policial contra un joven de 18 años.
“Era un muchachito de 18 años al que se lo estaban llevando por el cuello con una tonfa. Mi hija dijo ‘Oye, ¿por qué le hacen eso?, ¿por qué se lo llevan?’ y enseguida le cayeron a golpes a ella. Salió mi esposo y le cayeron a patadas, le dieron por los ojos, le echaron spray”, narró indignada la progenitora, quien también sufrió en carne propia la brutalidad de los esbirros, siendo víctima de una llave de inmovilización que le torció los brazos.
La fabricación de delitos
Actualmente, Yunaiky Linares permanece recluida en la estación de El Capri, mientras que su padrastro, Luis Alberto Reyes López, fue trasladado al centro de reclusión conocido como El Vivac. El régimen, consciente de que no existe fundamento legal para mantenerlos tras las rejas, ha iniciado una cacería.
Según la denuncia familiar, una oficial identificada como “Yesenia”, quien funge como segunda jefa de la unidad de El Capri, amenaza ahora con trasladar a la presa política a una institución psiquiátrica para una evaluación forzosa.
La estrategia del castrismo es tan burda como previsible. Intentan fabricar una causa penal alegando que la mujer grabó con un teléfono móvil dentro de la estación policial. De forma paralela, buscan la revocación de la libertad condicional que le fue otorgada en 2025, tras cumplir parte de una condena de ocho años impuesta arbitrariamente por participar en las protestas del 11J.
Resistencia frente a la arbitrariedad
Ante esta embestida, la presa política respondió con la única herramienta que le queda frente a la tiranía: su cuerpo. Yunaiky Linares se declaró en huelga de hambre, rechazando de plano cualquier abogado impuesto por el sistema y negándose tajantemente a recibir tratamiento psiquiátrico, una táctica habitual del régimen para desacreditar a los disidentes.
La angustia de la familia es total. Mientras los días transcurren sin atención médica para los lesionados, el mensaje de la Seguridad del Estado fue claro durante el operativo: “Hubieses cuidado más a tu hija”, le dijeron a la madre mientras la apartaban violentamente.
Este nuevo acto de atropello contra esta presa política demuestra, una vez más, que la dictadura cubana no conoce límites. Mientras el régimen se aferra al poder mediante la violencia, la figura de Yunaiky Linares se alza como un símbolo de resistencia frente a un sistema diseñado para quebrar la voluntad de quienes se atreven a preguntar “¿por qué?”.
La comunidad internacional debe observar este patrón de persecución sistemática, donde la mentira oficial es la única ley que rige el destino de una presa política que, hoy más que nunca, es rehén de un grupo de criminales que no conoce la piedad.