La dictadura de Daniel Ortega vetó las procesiones católicas en las vías públicas de Nicaragua para Semana Santa, consolidando una infame política de represión que encierra la fe entre cuatro paredes por tercer año consecutivo.
La información fue difundida por la abogada e investigadora Martha Patricia Molina tras conversar con la prensa, quien realiza un seguimiento exhaustivo sobre las agresiones del régimen sandinista contra la libertad de culto.
🇳🇮 | Nicaragua vive otra Semana Santa bajo prohibición total.
— Informa Cosmos (@InformaCosmos) March 31, 2026
Daniel Ortega vetó más de 5,700 procesiones este año con unos 14,000 agentes vigilando los templos para impedir manifestaciones religiosas en la vía pública y restringiendo todas las actividades al interior de las… pic.twitter.com/WltXZF0Nr5
Persecución contra la libertad de culto
Esta medida represiva responde a un patrón de persecución iniciado en 2018 contra la jerarquía eclesiástica, resultando en la cancelación masiva de ritos tradicionales como los viacrucis y las caminatas de los fieles en todo el territorio centroamericano.
Por este motivo, los sicarios de la Policía Nacional de Nicaragua ejecutan un plan de vigilancia extrema que contempla el despliegue de aproximadamente 14.000 efectivos, cuya misión consiste en sitiar los templos para impedir cualquier concentración ciudadana espontánea.
“La Semana Santa de este 2026 se va a vivir con las mismas condiciones en que se han celebrado las anteriores: bajo amenaza, bajo asedio y bajo vigilancia completa en cada una de las actividades religiosas. Pero, además, en estos últimos días, la Policía se ha puesto más incisiva con los sacerdotes. Les pide más información”, dijo Molina.
Control sobre la actividad parroquial
A raíz de esta presión constante, los agentes del régimen de Nicaragua exigen a los párrocos detalles específicos sobre el contenido de los sermones y la duración exacta de los cultos, intentando fiscalizar hasta el último pensamiento de la congregación.
“También le exigen que diga cuál es el objetivo de la actividad religiosa que están desarrollando, cuántas horas va a durar, qué temas se van a abordar y por qué la están haciendo”, señaló la jurista nicaragüense.
Consecuentemente, los oficiales obligan a los sacerdotes a realizar cálculos aproximados sobre la cantidad de asistentes durante los eventos internos, demostrando un nivel de hostigamiento superior al registrado en periodos anteriores.
“Por ejemplo, les pregunta cuántas personas asisten a una procesión. El cura, obviamente, en ese momento no está con el tiempo ni con la posibilidad de ponerse a contar uno por uno a los fieles. Entonces tiene que dar una cifra al tanteo”, expresó la entrevistada.
Cifras de la prohibición
Adicionalmente, el departamento de Matagalpa enfrenta una crisis aguda debido al exilio forzado de gran parte de sus religiosos, quienes abandonaron Nicaragua para resguardar su integridad física ante las amenazas directas del aparato estatal.
Igualmente, los registros estadísticos indican que entre el año 2019 y mediados de 2025 se prohibieron 16.564 manifestaciones de carácter religioso, transformando la exclusión selectiva en un bloqueo generalizado contra la cristiandad.
Esta estrategia de “templo por cárcel” busca erradicar la presencia de la Iglesia en el espacio social de Nicaragua, aunque solo consiga profundizar el aislamiento internacional de una tiranía que criminaliza las creencias más antiguas de su población.
Represión en Nicaragua, igual que en Cuba y Venezuela
En enero, la cúpula sandinista desató una feroz cacería humana a lo largo de Nicaragua, por el simple hecho de opinar en redes sociales sobre la captura del tirano venezolano Nicolás Maduro, ocurrida el tercer día de ese mes.
Dicho recrudecimiento del terrorismo, al igual que en esta ocasión, no hace más que responder al pánico incontrolable que consume a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes temen sufrir el mismo destino que su aliado chavista.
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Al igual que en Cuba y Venezuela, el simple hecho de manifestar un pensamiento es considerado como un “grave delito”, mientras que los verdaderos criminales continúan a sus anchas matando, robando y pare de contar, sin ser perseguidos por absolutamente nadie.