El régimen castrista consumó su cruel venganza contra 15 ciudadanos que se manifestaron en Bayamo, Granma, imponiendo sentencias de hasta seis años de prisión por el simple hecho de protestar pacíficamente contra los apagones y la escasez de alimentos.
La arbitrariedad del proceso fue denunciada por el abogado Alaín Espinosa, del centro de asesoramiento legal Cubalex, quien en una conversación con Martí Noticias describió el caso como una nueva muestra del carácter represivo de la dictadura y su marcada voluntad de aplastar las libertades fundamentales de la población.
Los hechos se remontan al 17 de marzo de 2024, cuando la desesperación ciudadana por las insoportables condiciones de vida desembocó en una concentración pública, a la cual la tiranía respondió fabricando un expediente judicial con un abanico de supuestos delitos como desórdenes públicos, atentado, desacato e instigación a delinquir para criminalizar una exigencia legítima de derechos básicos.
El jurista explicó que la sentencia viola flagrantemente las obligaciones internacionales de la dictadura, específicamente la Observación General número 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, ya que el régimen tergiversa el concepto de protesta pacífica, interpretándolo como una alteración del orden para justificar su brutalidad policial y judicial.
Irónicamente, el propio documento judicial del Tribunal Municipal de Bayamo revela la naturaleza legítima de la manifestación al admitir que entre 300 y 400 personas se reunieron para mostrar su inconformidad con la crisis energética, y en su recorrido gritaron consignas que reflejaban el hartazgo popular y no un plan delictivo.
OTRAS NOTICIAS: Récord de protestas y denuncias en el mes de noviembre, según el Observatorio Cubano de Conflictos (+VIDEO)
Espinosa fue enfático al señalar la ausencia total de carga probatoria para anular la presunción de inocencia de los acusados, calificando todo el juicio como una manipulación de carácter político diseñada para imponer sanciones desmedidas que no se corresponden con ningún delito real.
Entre los condenados que ahora enfrentan años de cárcel por pedir comida y electricidad figuran René Aguilera Aguilar, quien recibió la pena más severa de seis años, y David Alexander Téllez Pérez y Mario Luis Espinosa Cedeño, ambos sentenciados a cinco años, evidenciando el uso de la maquinaria represiva para silenciar las voces que se alzan contra la incompetencia castrista.
Redacción de Cubanos por el Mundo