La lista de “represores de cuello blanco” que documenta el proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) se engrosó este lunes con la inclusión de varios funcionarios acusados de validar el encarcelamiento arbitrario de seis manifestantes en Villa Clara.
Así lo informó la organización a través de una nota de prensa oficial donde expone la participación de estos “personajes” en la violación sistemática de las garantías procesales para criminalizar el disenso legítimo de la población.
Estos operadores del castrismo fueron los responsables directos de las condenas impuestas contra un grupo de ciudadanos de Encrucijada que protestaron pacíficamente el 7 de noviembre de 2024 para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico tras sufrir 48 horas de apagón producto de la incompetencia estatal.
El ente de derechos humanos señaló con nombre y apellido a los fiscales Ayrebi Miranda Pérez y Yosmel Guevara Herrera así como a los jueces Aimee Caraballé Corrales, María Teresa Domínguez Rodríguez y Justo Gustavo Faife Hernández como los verdugos encargados de dictar sentencias de hasta ocho años de privación de libertad.
Durante la farsa judicial concluida con la sentencia de este 15 de enero, los represores de cuello blanco calificaron como delito el simple acto de tocar cazuelas frente a la sede del Partido Comunista, ignorando las pruebas audiovisuales que demostraban el carácter pacífico del reclamo ciudadano por un servicio básico.
Uno de los casos más crueles dentro de este expediente es el del escritor José Gabriel Barrenechea Chávez, condenado a seis años de cárcel, a quien el jefe de la prisión La Pendiente identificado como Yurianis Speck Rosillo le negó el derecho humano de visitar a su madre agonizante de cáncer antes de fallecer.
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Las penas distribuidas por este tribunal al servicio de la dictadura recayeron con severidad sobre Yandri Torres Quintana y Rafael Javier Camacho Herrera con ocho y siete años de prisión respectivamente, mientras que otros implicados como Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa y Marcos Daniel Díaz Rodríguez recibieron sanciones menores pero igualmente injustas por ejercer su libertad de expresión.
Para la FHRC el actuar de estos funcionarios constituye la comisión de crímenes de lesa humanidad en las modalidades de encarcelamiento y persecución política, además del delito internacional de prevaricación al emitir fallos contrarios a derecho a sabiendas de la inocencia de los acusados.
Redacción de Cubanos por el Mundo