Las recientes restricciones implementadas por la administración Trump a Cuba no han repercutido significativamente en el sector empresarial binacional. Algunos incluso aseguran que las prohibiciones de negocios con las empresas vinculadas a militares, existen excepciones.
Esta postura se distingue por mucho, a la de centenares de cubanos afectados por ver reducidas sus posibilidades de progreso. Según la publicación de Franco Ordoñez, en el Nuevo Herald, las nuevas reglas establecen que los intercambios pueblo a pueblo están prohibidos.
Los estadounidenses que deseen ir a la isla tendrán que viajar en grupos y acompañados por un representante autorizado de la organización que patrocina el viaje.
En este contexto, el pueblo cubano, ya agobiado por los sometimientos del régimen, debe soportar que se le coaccione, una vez más, un derecho. En esta oportunidad, al negársele tratar de manera personal con personas provenientes de Estados Unidos.
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John Hughes, ex subdirector de políticas de sanciones en el Departamento de Estado del gobierno de Obama, clasificó en dos los resultados producidos por las restricciones estadounidenses a la isla. En primer lugar, dificultar los viajes individuales a Cuba, y en segundo, crear una lista de negocios y entidades con que los funcionarios estadounidenses no pueden trabajar.
“En realidad no es mucho. Si se leen los cambios generales a lo que implementó Obama, es quizás un 5 por ciento, quizás menos. No es nada importante”.
Poco impacto empresarial
Según el Havana Consulting Group, el naciente sector privado cubano representa casi el 20 por ciento del ingreso bruto de la economía cubana.
John Kavulich, presidente del US-Cuba Trade and Economic Council, cree que las nuevas normas sólo asustan a los viajeros estadounidenses y líderes empresariales no comprometidos, pero mantiene el acceso para las compañías que realmente quieren esas relaciones. Actualmente existen 52 negocios estadounidenses en Cuba.
“No hay un impacto sustancial porque muy pocas empresas han resultado afectadas; y esto es culpa del gobierno de Obama y del gobierno de Castro por no permitir más, cuando hubieran podido hacerlo”.
Kezia McKeague, miembro del bufete de asesores McLarty Associates, aseguró que incluso la prohibición de transacciones con entidades dirigidas por los militares incluye amplias excepciones si la empresa en cuestión puede alegar que beneficia al pueblo cubano más que al gobierno.
Redacción Cubanos Por El Mundo
