Sigue a Cubanos por el Mundo y elígenos como fuente preferida.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves por unanimidad en primera discusión el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, iniciativa presentada por la jefa encargada del régimen chavista, Delcy Rodríguez, como parte de una estrategia legislativa destinada a marcar un nuevo rumbo político tras la captura del exdictador Nicolás Maduro en una operación estadounidense a principios de enero.
El proyecto, que ahora necesita una segunda discusión en sesión separada conforme a la Constitución de ese país, plantea criterios amplios para aplicar amnistía a personas procesadas o encarceladas por motivos políticos desde 1999 hasta 2026, excluyendo delitos graves como violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, homicidio, corrupción y tráfico de drogas.
Durante la sesión, el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, destacó que la discusión inicial se centró en los objetivos y la viabilidad del texto, sin listas concretas de beneficiarios, y que la normativa busca abrir un marco de reconciliación y convivencia en el país, aunque deberá ser depurada artículo por artículo en la segunda fase del proceso legislativo.
El proyecto propone no solo la liberación condicional de presos políticos, sino también la revocación de medidas como inhabilitaciones políticas, alertas migratorias e incluso restitución de activos a personas que cumplan con los requisitos establecidos, lo que podría facilitar el regreso de opositores exiliados.
Sigue a Cubanos por el Mundo y elígenos como fuente preferida.
Transición política en Venezuela y rol de Estados Unidos
La aprobación de la ley se da en un contexto excepcional para Venezuela. El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una operación que culminó con la captura del narcodictador Nicolás Maduro, un acontecimiento que generó una crisis constitucional e institucional y el ascenso de Delcy Rodríguez como presidenta interina conforme a mecanismos extraordinarios de sucesión.
Desde entonces, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido una serie de orientaciones y demandas dirigidas al gobierno provisional venezolano, que incluyen la liberación de presos políticos, la reforma de instituciones clave y la apertura de espacios para una transición democrática sostenible.
Observadores y actores políticos han interpretado la legislación de amnistía como una respuesta a estas presiones, en particular a la exigencia de que se garanticen derechos civiles y se promuevan condiciones para un clima político más plural.
Redacción Cubanos por el Mundo
Sigue a Cubanos por el Mundo y elígenos como fuente preferida.
