La crisis institucional en Venezuela se acrecienta. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró nulidad de todos los actos de la Asamblea Nacional Venezolana, controlada por la oposición, lo que ocasionó que el parlamento se declarara en desacato ante esta acción.
Una sentencia de la Sala Constitucional del Supremo, intérprete de la Constitución venezolana, declaró que son “inconstitucionales” y “absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica”, los actos del Parlamento, “mientras se mantenga (el) desacato” a esa Sala.
La decisión provocó la reacción del presidente de la Asamblea Nacional (AN), el opositor Henry Ramos Allup, que respondió con reciprocidad, asegurando que el Poder Legislativo desconoce también al Poder Judicial.
Ramos Allup señaló que la AN considera que el Poder Judicial carece de legitimidad al haber sido nombrado por el oficialismo en un procedimiento que, asegura la oposición, fue irregular.
La Sala Constitucional “no tiene legitimidad de origen, ni legitimidad de desempeño”, aseguró Ramos Allup durante una sesión del Parlamento, e indicó a los demás diputados que no van a acatar “ninguna decisión del TSJ, ni de ningún poder que viole la Constitución”.
Los opositores sostienen que los magistrados que integran la Sala Constitucional fueron nombrados de forma irregular en el periodo anterior, cuando los chavistas ejercían el control de la Cámara, en una sesión relámpago días antes de abandonar el poder tras la contundente victoria de los opositores en las legislativas.
Por su parte el Supremo sostiene que la AN se puso al margen de la ley al desconocer una sentencia en la que ordenaba la suspensión de la proclamación de cuatro diputados (tres opositores y un chavista) como medida cautelar a una investigación por supuestas irregularidades en su elección.
La junta directiva de la AN, sin embargo, decidió juramentar a los tres diputados opositores de la representación indígena.
Estos tres opositores forman parte de los 112 que fueron elegidos en los comicios del pasado 6 de diciembre y que dieron a la oposición venezolana la mayoría calificada de dos tercios en la AN por primera vez en tres quinquenios y a la que la oposición se niega a renunciar.
El grupo se redujo a 109 una vez que los leales al Gobierno alegaran fraude en el proceso de votación e impugnaran a varios diputados opositores, pese a haber firmado dos acuerdos con los que se comprometían a aceptar los resultados, pero volvió al número inicial tras el desconocimiento de la decisión del TSJ.
Desde que los opositores tomaron el control del Poder Legislativo venezolano, el TSJ ha declarado nulos, inconstitucionales, o inaplicables casi todos los instrumentos que se han aprobado en el pleno.
“Revisen el número de sentencias que ha dictado la Sala Constitucional desde que nos instalamos y prácticamente lo único que hace es dictar sentencia contra las decisiones de la AN”, declaró Ramos Allup a periodistas poco después de la sesión.
“Ningún órgano del Poder Público ni individual ni colectivo puede acatar ningún acto que sea inconstitucional y las decisiones que ha tomado la Sala Constitucional que es un poder írrito (nulo) (…) no puede ser acatadas”, remarcó.
En respuesta a las acusaciones que Nicolás Maduro ha lanzado al presidente de la AN constantemente respondió: “Vale decir, una vez más, que no estoy conspirando, este Gobierno conspira contra sí mismo. El Presidente no puede salir ni a tomarse un café a la esquina porque es abucheado”.
Con información de EFE
