La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la alta cantidad de venezolanos que han emigrado del país, pues de acuerdo con cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), para finales de 2012 la cifra de solicitantes de asilo de Venezuela era de 505, pasando a 1.153 en 2013, 4.820 en 2014 y 15.094 para finales de 2015, lo que se traduce en un aumento de 2 mil 889 % entre 2012 y 2015.
En comunicado oficial de prensa, la CIDH exhorta a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a que establezca mecanismos que permitan la protección para quienes emigran, y llama a los países a que aboguen en todo momento por los Derechos Humanos de los migrantes.
Además, la CIDH instó a los 35 países miembros, entre los que se encuentran Argentina, Chile y Colombia, a “reforzar los mecanismos de responsabilidad compartida en torno a la migración de venezolanos”.
Se solicita a los Estados miembros que recurran a otros mecanismos migratorios como regímenes de visas humanitarias, protección temporal por razones humanitarias u otras alternativas de regularización con base en la normativa migratoria nacional y regional.
En el texto se lee que los principales puntos en los que se sustenta la petición del organismo internacional son:
La situación humanitaria, en particular a los efectos que vienen ocasionando la escasez de alimentos, medicamentos y tratamientos médicos, y la falta de canales legales, regulares y seguros para migrar
Se señala lo que ocurrió la madrugada del 9 de diciembre de 2016, en el marco de un operativo de control migratorio en la Feria del Passarão, cuando 450 personas, entre ellas indígenas Warao y más de 180 niños en situación migratoria irregular, fueron deportadas desde Brasil.
Después de estos hechos la Defensoría Pública de la Unión (DPU) de Brasil, por medio de mecanismos legales respaldados por una decisión del Tribunal Federal de ese país logró detener la deportación colectiva de venezolanos.
La CIDH exhorta a respetar los derechos de los migrantes, con especial referencia a los pueblos indígenas, y a aprobar una nueva Ley de Migración,“La asistencia del Estado debe ser proporcionada sin discriminación y de manera culturalmente apropiada a todas las personas migrantes”, se lee en el documento.
Redacción CPEM / Con información de efectococuyo.com
