Tribunales en Venezuela han emitido boletas de excarcelación de 21 presos políticos en ese país, sin embargo, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) se niega a recibirlas. Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, aseguró que no hay justificación alguna para que un cuerpo de seguridad se niegue a acatar órdenes del Poder Judicial.
En el caso de Yon Goicochea, dirigente del partido político Voluntad Popular, su boleta no contempla libertad plena, sino una medida sustitutiva de libertad, aclaró. Al margen Rosaura Valentini, esposa del detenido, expresó que la boleta de excarcelación fue emitida por el Tribunal 21 del Área Metropolitana, luego que el Ministerio Público no presentara acusación.
“Transcurrieron 45 días y no hubo un acto conclusivo por parte del Ministerio Público, el tribunal emitió una medida de libertad que fue llevada al Sebin y no la recibieron. Mi esposo tiene 7 meses detenido y desde hace 5 debió salir en libertad. Ninguno de los recursos introducidos en su defensa han tenido algún efecto porque el tribunal no abre despacho desde diciembre”
Al igual que este detenido pasa con el twittero Marcos Rara y el concejal de San Cristóbal, José Vicente García, detenidos el 28 de septiembre y el 18 de octubre, respectivamente. El primero fue acusado por terrorismo, recibió el beneficio procesal, pero no pudo aprovecharlo. “Su caso es insólito. Recibió una medida de libertad condicional y debía presentarse mensualmente ante tribunales, y como no lo hizo, porque nunca salió de la prisión, le revocaron la boleta de excarcelación”.
Mientras que al concejal le dieron una medida sustitutiva de libertad hace dos meses. Debió retirarse de la sede del SEBIN en la capital de Táchira, pero los funcionarios se han negado a darle su libertad.
Sonia Medina, diputada de la Asamblea Nacional (AN), ratificó que la orden de excarcelación confirma que no existen pruebas para que el acusado siga detenido. Resaltando además que la acción negativa del Servicio de inteligencia de Venezuela, adscrito a la vicepresidencia de la República, deja en evidencia internacional el cómo el gobierno de Maduro evade las decisiones de tribunales, cuando las sentencias no los benefician.
Redacción CPEM / Con información de El Nacional
