Ante el alarmante incremento de los casos de COVID-19 en Cuba, especialmente en La Habana, provincia que es el epicentro de la enfermedad en el país, el Consejo de Defensa Provincial informó sobre la aplicación de 28 medidas adicionales destinadas a controlar y reducir los niveles de infección. A través del portal Tribuna de La Habana, el castrismo dio a conocer las nuevas normativas que comenzarán a regir de forma inmediata.
Como era de esperarse, una de ellas es la amenaza con multa y cárcel para aquellos cubanos que violen dichas medidas contra la COVID-19 en La Habana, pero ninguna trata de forma directa el abastecimiento de productos para de esa manera eliminar las colas frente a los comercios.
Sin embargo, en un rápido análisis a las medidas, estas son sencillamente más burocracia castrista que accione reales destinadas a enfrentar el coronavirus. Ejemplo de ello es la primera, donde se informa sobre la creación de un equipo integrado por especialistas de la Dirección Provincial de Salud y el Ministerio de Salud Pública en las cuatro regiones de la capital. ¿De qué va eso? No se explica.
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La siguiente es la de “mantener y reforzar” los análisis del coronavirus en los municipios de La Habana. “Incrementar las acciones de control y fiscalización de la Dirección Provincial de Salud en todas las unidades de Salud para evaluar el cumplimiento de los protocolos establecidos”, dice la tercera.
Estas medidas publicadas en Tribuna de La Habana parece estar destinadas a crear humo mediático, para dar la impresión de que la dictadura está trabajando para frenar los contagios, pero la realidad es que la “potencia médica” se ha quedado vulnerable ante la enfermedad, luego de que decidieran reabrir los puertos y aeropuertos.
Cabe resaltar que en ninguna de las “nuevas” medidas contra la COVID-19 en La Habana se ordena el cierre del Aeropuerto Internacional José Martí, principal entrada de la enfermedad al país.
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Redacción Cubanos por el Mundo
