Medios oficialistas salieron a defender una vez más el nefasto Decreto-Ley 35, alegando que este no impide la libertad de expresión en Internet, pero se olvidaron de mencionar un pequeño, pero muy importante detalle.
En efecto, el Decreto-Ley 35 no impide la liberta de expresión en Internet, pero si criminaliza las críticas en contra del régimen de Cuba, al calificar de “ciberterroristas” a quienes publiquen contenido contrario a los intereses del castrismo.
Ese pequeño detalle fue el que no expuso Prensa Latina en su artículo donde intenta defender el Decreto-Ley 35, detallando que es una herramienta contra la “guerra no convencional”, término usado por la dictadura para vestir de crimen las críticas en su contra.
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“Este Decreto-Ley nace a partir del cronograma legislativo previsto para Cuba tras la aprobación de la Constitución de la República en 2019 y no es resultado de la arbitrariedad de personas o ministerios, como tampoco tiene que ver con los recientes disturbios del pasado 11 de julio”, dice el profesor de derecho constitucional, Yuliesky Amador.
Al parecer, la dictadura quiere evitar que la aprobación desesperada de este decreto-ley esté ligada a las protestas populares que ocurrieron el pasado 11 de julio de 2021.
Sin embargo, es evidente que la dictadura usa a la (in) justicia en Cuba para evitar más críticas y así poder seguir ocultando la verdad del país.
El “experto” consultado por Prensa Latina detalla que este tipo de leyes no es algo exclusivo de Cuba, sino que ocurre en otros países. Y en efecto también es verdad, pero en esos otros países es necesaria porque si existe el ciberterrorismo, que es cuando grupos extremistas usan el Internet para desarrollar planes terroristas en contra de la población.
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En este caso, la dictadura lo usará para criminalizar a sus críticos. El Decreto, según Amador, no prohíbe las publicaciones o interacciones en las redes sociales, sino que “pone límites a los contenidos que por su carácter ofensivo atenten contra el Estado cubano y los ciudadanos”.
Sin embargo, los funcionarios comunistas no se rigen bajo este Decreto-Ley 35, ya que ellos si podrán ofender y manipular la información a placer.
Redacción Cubanos por el Mundo
