Este lunes, 25 de octubre, relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) manifestaron su preocupación ante el Decreto-Ley 35, la ley mordaza creada por la dictadura Cuba para tachar de criminales a todos aquellos que publiquen información crítica sobre su régimen.
En una carta de los relatores divulgada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), se recomienda a las autoridades cubanas que las disposiciones del “Decreto de Ley No. 35 sobre las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico” sean modificadas cuanto antes, ya que violan las libertades del pueblo cubano.
Ello basándose en que el Consejo de Derechos Humanos de ONU ha condenado “inequívocamente las medidas, cuyo objetivo deliberado es impedir u obstaculizar el acceso o la divulgación de información en línea, vulnerando el derecho internacional de los derechos humanos”.
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“Esta carta basa su análisis en las obligaciones de Cuba de respetar y garantizar el derecho internacional de los derechos humanos establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), y otros instrumentos internacionales. Recordamos en este respecto que Cuba firmó el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP) el 28 de febrero de 2008, lo cual implica un deber, en virtud del derecho internacional, de no frustrar el objeto y propósito del Pacto”
señala la misiva
#Cuba 🇨🇺 Procedimientos Especiales de la @ONU_es, entre ellos la Relatora sobre libertad de expresión @Irenekhan y el Relator sobre libertad de reunión y asociación @cvoule, emitieron una comunicación sobre el Decreto-Ley 35 y la Resolución 105/2021.
— Race and Equality (@raceandequality) October 25, 2021
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Documento cuestiona atribuciones conferidas a militares en el Decreto-Ley 35
Así mismo, los relatores se mostraron inquietos ante las facultades atribuidas a los militares sobre lo que ocurra en Internet y otros medios, quienes pueden disponer la implementación de medidas especiales para el manejo del espectro radioeléctrico, cuando estas sean de un alcance regional, provincial o municipal.
“Nos preocupa que el Decreto no define de manera precisa a qué se refiere con “medidas especiales”, tampoco establece a qué se refiere con “situaciones excepcionales, maniobras militares y otras circunstancias vinculadas a la seguridad y la defensa nacionales, así como con el Orden Interior”. Con respecto al procedimiento, también nos preocupa que el único requisito es informar al Ministerio de Comunicaciones, sin la intervención de un juez”
expresaron sobre el Decreto-Ley 35
El decreto dice tener el objetivo de “defender” la revolución cubana, pero requiere que el máximo proveedor de Internet (ETECSA) interrumpa o cancele sus servicios cuando un usuario publique información “falsa” o que afecte la “moralidad pública”.
“El hecho que estos términos sean establecidos como un deber para los usuarios sin aclarar el alcance de estas categorías, genera una situación donde le resulta imposible al titular de derecho adecuar su actuar para cumplir con las disposiciones de la legislación. Si estas disposiciones no se definen con más detalle, podrían suponer una restricción indebida de la libertad de opinión y expresión, así como de la libertad de reunión pacífica”
subraya la carta
Tras un extenso y detallo análisis al Decreto-Ley 35, relatores de la ONU recordaron a la dictadura cubano que “los Estados deberían abstenerse de adoptar medidas como la supresión del acceso a los servicios de Internet y de telecomunicaciones, y deberían poner fin a esas medidas”.
“El acceso a los servicios de Internet y de telefonía móvil se deberían mantener siempre, incluso en épocas de desórdenes públicos”
indica el documento
Redacción Cubanos por el Mundo
