La deportación de cubanos a Uruguay podría convertirse en una de las nuevas estrategias migratorias de la Administración de Donald Trump ante la negativa del régimen castrista de aceptar el regreso de numerosos ciudadanos con órdenes definitivas de expulsión emitidas por las autoridades estadounidenses.
De acuerdo con información revelada por The New York Times, Washington mantuvo conversaciones durante varios meses con el Gobierno uruguayo para concretar un mecanismo que permitiera el traslado de estos migrantes hacia la nación sudamericana.
Uruguay apareció como destino para migrantes cubanos deportables
La iniciativa surgió después de que Estados Unidos ejecutó deportaciones de ciudadanos cubanos hacia terceros países como México y varias naciones africanas, debido a las limitaciones impuestas por La Habana para recibir a una parte de sus nacionales.
En ese contexto, la deportación de cubanos a Uruguay apareció como una alternativa que podría resolver parte del problema migratorio sin obligar a los afectados a regresar a la Isla.
Según funcionarios estadounidenses y uruguayos consultados por The New York Times, el Departamento de Estado sostuvo conversaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay durante meses con el objetivo de diseñar un acuerdo aceptable para ambas partes.
Las fuentes indicaron que Uruguay reunía varias condiciones que facilitarían la implementación del plan. Entre ellas mencionaron la creciente necesidad de mano de obra inmigrante y el importante crecimiento de la comunidad cubana establecida en ese país durante los últimos años.
EEUU buscó alternativas ante la negativa del régimen cubano
De acuerdo con esos funcionarios, estas circunstancias podrían favorecer la integración de los migrantes deportados y reducir el riesgo de que intentaran regresar de forma irregular a territorio estadounidense. Al mismo tiempo, la propuesta evitaría que muchos de ellos fueran enviados nuevamente a Cuba, donde numerosos emigrados manifestaron temor a regresar por razones políticas, económicas o personales.
Otro alto funcionario uruguayo explicó al diario estadounidense que aceptar este tipo de cooperación también podría fortalecer las relaciones diplomáticas entre Montevideo y la Administración Trump.
Las conversaciones incluso contemplaron que el eventual documento oficial no mencionara expresamente a los ciudadanos cubanos. Sin embargo, en la práctica, ellos serían el principal grupo beneficiado por el mecanismo de traslado, según reconocieron funcionarios vinculados a las negociaciones.
Deportación de cubanos a Uruguay podría favorecer la reunificación familiar
Uno de los aspectos analizados durante las conversaciones fue la posibilidad de mantener la unidad familiar. Ambas administraciones estudiaron la situación de migrantes cubanos cuyos familiares ya residían legalmente en Uruguay, con el objetivo de facilitar futuros procesos de reunificación si finalmente se concretaba la deportación de cubanos a Uruguay.
Ese elemento cobró especial importancia debido al crecimiento sostenido de la migración cubana hacia ese país sudamericano.
Durante 2025, Uruguay recibió cerca de 24.000 solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos cubanos, según datos citados por The New York Times. Esa cifra confirmó que los nacionales de la Isla continuaron encabezando las peticiones de protección internacional incluso por encima de los venezolanos.
El censo uruguayo de 2023 registró aproximadamente 62.000 personas nacidas en el extranjero viviendo en el país, de las cuales unas 12.000 eran cubanas. No obstante, organizaciones de la comunidad migrante aseguraron que ese número aumentó significativamente en los últimos años como consecuencia del éxodo provocado por la profunda crisis económica y social que atraviesa Cuba bajo el régimen castrista.
La consolidación de esa comunidad también permitió que los cubanos alcanzaran una representación inédita dentro de la política uruguaya.
En marzo pasado, Leydis Aguilera se convirtió en la primera diputada nacida en Cuba que llegó al Parlamento uruguayo. Durante su incorporación al cargo declaró al medio El Observador que su prioridad sería “ser esa voz dentro del Parlamento en defensa de todas las personas, y especialmente de mi comunidad migrante aquí en Uruguay”.
La legisladora también describió el significado que tuvo Uruguay para quienes abandonaron sistemas autoritarios.
“Uruguay para nosotros, que venimos de otros países y venimos directamente de una dictadura arrastrando esas cadenas, es un faro”, afirmó Aguilera, al destacar que el país representó un espacio de libertad para miles de migrantes.
Mientras avanzaban estas conversaciones diplomáticas, Estados Unidos continuó aplicando una política migratoria más estricta contra los extranjeros que permanecían ilegalmente en su territorio.
Durante el primer trimestre de 2026, la Administración Trump trasladó alrededor de 6.000 ciudadanos cubanos a México. Muchos de ellos denunciaron posteriormente dificultades para conseguir empleo, problemas migratorios y condiciones de vulnerabilidad en ese país.
Antes de esas operaciones, Washington también envió migrantes cubanos hacia países africanos como Eswatini y Sudán del Sur, donde varios permanecieron recluidos en centros de detención en condiciones precarias mientras se resolvía su situación migratoria.
La deportación de cubanos a Uruguay representaría un cambio importante frente a esos traslados, ya que ofrecería un destino donde ya existe una comunidad cubana consolidada y mayores posibilidades de integración laboral y social.
Al mismo tiempo, continúan las especulaciones sobre contactos discretos entre Washington y el régimen cubano respecto al futuro de cientos de miles de migrantes.
Hasta el momento, ni el Departamento de Estado ni las autoridades uruguayas anunciaron oficialmente la firma de un acuerdo definitivo.
Sin embargo, las negociaciones reveladas por The New York Times reflejaron que la deportación de cubanos a Uruguay permaneció como una de las principales opciones que evaluó Washington para gestionar el creciente número de ciudadanos cubanos con órdenes de expulsión que el régimen de La Habana continúa negándose a recibir.
Con información de The New York Times
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