Las farmacias privadas en Cuba comenzarán a operar bajo un nuevo marco legal que evidencia, una vez más, el fracaso del sistema comunista para garantizar servicios esenciales.
Después de destruir la iniciativa privada, hacer pedazos el sector farmacéutico y llevar al país a una escasez crónica de medicinas, el régimen pretende ahora que empresarios particulares resuelvan una crisis creada por sus propias políticas.
La apertura está contemplada en el Decreto 160 de 2026, firmado por el primer ministro Manuel Marrero y publicado el 28 de julio en la Gaceta Oficial. La disposición entrará en vigor el 4 de agosto y elimina 46 actividades anteriormente prohibidas para el sector no estatal, además de flexibilizar parcialmente otras 36.
La medida permitirá que mipymes y cooperativas no agropecuarias participen en servicios farmacéuticos, pero no supone que cualquier negocio pueda comenzar inmediatamente a vender medicamentos. Los establecimientos necesitarán autorización del Ministerio de Salud Pública, personal calificado, condiciones apropiadas de almacenamiento y productos con registro sanitario vigente.
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Sin embargo, el decreto no aclara qué medicamentos podrán comercializar las farmacias privadas en Cuba, cómo se regularán los productos controlados, qué mecanismo determinará los precios ni cómo accederán a ellos jubilados y trabajadores cuyos ingresos han quedado pulverizados por la inflación.
Durante su programa, Alexander Otaola señaló la contradicción histórica detrás del anuncio: “Llegaron ellos, se lo robaron todo, lo destruyeron todo, acabaron con todo”, afirmó, al recordar que antes de 1959 existían farmacias y otros negocios privados que fueron confiscados por el castrismo.
“Y ahora, como una gran medida, 67 años después, autorizan que existan los negocios que ellos mismos quebraron”, agregó el presentador.
Los medicamentos llegarán desde el exilio
La pregunta decisiva es de dónde obtendrán sus productos las farmacias privadas en Cuba. La industria farmacéutica estatal no consigue abastecer regularmente ni siquiera la deteriorada red pública. Analgésicos, antibióticos, medicamentos para controlar la presión arterial y tratamientos para enfermedades crónicas desaparecen durante meses de los establecimientos.
“¿De dónde van a salir los medicamentos que van a tener las farmacias privadas? ¿Dónde los van a comprar?”, cuestionó Otaola.
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La respuesta más probable apunta fuera de la isla. Los medicamentos tendrán que ser importados y, en numerosos casos, financiados, enviados o adquiridos mediante familiares establecidos en Estados Unidos, España y otros países. Es decir, los cubanos por el mundo seremos los proveedores de un sistema que durante décadas ha atacado políticamente al exilio, pero depende cada vez más de sus remesas, paquetes y recursos.
Las farmacias privadas en Cuba podrían formalizar lo que ya ocurre diariamente: familiares que compran medicinas en Miami, Tampa, Madrid o Hialeah y las envían mediante agencias o viajeros porque el Estado cubano no puede proporcionarlas. La diferencia es que ahora esos productos podrían terminar en establecimientos autorizados y venderse a precios de mercado.
Salud para quien pueda pagarla
Esta apertura también amenaza con profundizar la desigualdad. Si los medicamentos son importados con divisas, resultará imposible venderlos a precios compatibles con salarios y pensiones cubanas.
“Te la van a vender en dólares”, advirtió Otaola. “El salario no te va a dar para nada”.
Por tanto, las farmacias privadas en Cuba pueden aliviar parcialmente el desabastecimiento, pero no necesariamente garantizarán acceso universal. Tendrán medicamentos quienes reciban remesas, posean dólares o dispongan de ingresos vinculados al sector privado. Para los jubilados y trabajadores estatales, una farmacia llena podría resultar tan inaccesible como una vitrina cerrada.
El régimen presenta la medida como una transformación económica, cuando constituye una confesión de incapacidad. Las farmacias privadas en Cuba no representan una rectificación completa ni una verdadera libertad empresarial: seguirán sometidas a licencias, controles y decisiones discrecionales del mismo Estado que provocó el desastre.
El castrismo confiscó las farmacias, destruyó la red comercial y prometió que el Estado cuidaría de todos. Casi siete décadas después, devuelve parcialmente el negocio a manos privadas y espera que el exilio abastezca los anaqueles. El comunismo vuelve a descubrir el mercado, pero pretende que la factura la paguen, como siempre, los cubanos de dentro y de fuera.