Las familias de los presos políticos en Cuba pagan entre 20.000 y 60.000 pesos cubanos por cada jaba de alimentos, medicamentos y artículos de higiene que llevan a la cárcel, según el informe «El castigo extendido», que la organización de derechos humanos Cubalex publicó el 12 de octubre de 2026 a partir de 28 testimonios de familiares.
La franja más citada por los entrevistados es de 30.000 a 40.000 pesos por entrega. Según el cálculo del propio informe, esa cifra equivale a entre 4,3 y 5,8 meses del salario medio del sector estatal civil, que la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) situó en 6.930 pesos mensuales en 2025. Cubalex también toma como referencia el salario mínimo, de 3.210 pesos: una sola entrega supera varios meses de ese ingreso.
Las entrevistas se hicieron a allegados de personas encarceladas por motivos políticos; 25 de las 28 eran mujeres. El estudio documenta una carga que incluye alimentos, agua potable, medicinas, artículos de aseo y recargas telefónicas, y describe las dificultades para llegar a los penales y mantener contacto con los detenidos. Su conclusión central es que el Estado traslada a las familias la responsabilidad de cubrir necesidades básicas que no garantiza dentro de las prisiones, un patrón que Cubanos por el Mundo ya había descrito al informar sobre las necesidades básicas que el régimen niega en prisión.
Transporte, recargas y servicios de terceros agravan el gasto
Al costo de cada jaba se suma el traslado hasta las cárceles: entre 400 y 15.000 pesos según la distancia, con una franja habitual de 3.000 a 8.000 pesos. Las familias que no pueden viajar pagan además entre 5.000 y 6.000 pesos a terceros para que lleven el paquete. Las recargas telefónicas, en muchos casos el único canal de comunicación regular con los presos, suponen otro gasto de entre 100 y 1.000 pesos mensuales. El informe recoge salidas a las 3:00 de la madrugada y caminatas de 12 a 13 kilómetros con niños pequeños para llegar a visitas de apenas dos horas.
Medicamentos que el penal no provee
Según los testimonios, los medicamentos se compran íntegramente en el mercado informal. El informe documenta que un pomo de carbamazepina, un fármaco que se usa en el tratamiento de la epilepsia y otros trastornos neurológicos, llegó a costar 5.000 pesos. En un caso, un dentista del penal condicionó la extracción de una muela a que la familia consiguiera anestesia, guantes y jeringuillas.
El 60 % señala la necesidad económica como la más urgente
Seis de cada diez personas entrevistadas señalaron la necesidad económica como la más urgente. Varios hogares reportaron vivir con una sola comida al día. Algunas familias vendieron pertenencias para costear las entregas y los viajes, entre ellas la cuna de un niño. En otro caso, la interrupción de la única vía de apoyo externo dejó a una familia entre cinco y seis meses sin poder llevar alimentos al preso. Una de las entrevistadas lo resumió así: «Aunque nosotros no comamos, lo mejor es para él».
Las condiciones dentro de las prisiones agravan esa dependencia. Los testimonios describen una alimentación insuficiente, cortes de agua potable de tres a siete días y una atención médica que el informe califica de «inexistente o simbólica». En los hogares, el encarcelamiento de uno de los padres se asocia con insomnio, enuresis y mutismo en los niños, además de abandono escolar por falta de merienda.
La carga recae principalmente en mujeres
El informe constata que la mayor parte del peso recae sobre madres, esposas, hermanas e hijas, que concentran el abastecimiento, el cuidado de la familia y las gestiones vinculadas al encarcelamiento. Varias entrevistadas describieron un veto de facto al empleo, estatal y privado, por presión de la Seguridad del Estado sobre los empleadores, además de vigilancia y amenazas. A ello se suma la opacidad: según Cubalex, la administración penitenciaria oculta o falsea información sobre la progresión de régimen y los beneficios penitenciarios. Cubanos por el Mundo ha recogido otros testimonios de familiares, como el de la hermana del preso político del 11J Duannis León Taboada.
Contexto: cifra récord de presos políticos en Cuba
Cubalex concluye que las consecuencias económicas y sociales de las detenciones alcanzan a todo el núcleo familiar, con especial impacto en quienes financian el abastecimiento y los viajes. La organización documentó en un informe anterior 115 muertes vinculadas al sistema penitenciario entre el 1 de febrero de 2024 y el 30 de junio de 2026, y en su recuento mensual más reciente contabilizó 298 hechos represivos en septiembre. Según Prisoners Defenders, hasta el 1 de octubre de 2026 había 1.372 presos políticos en la isla, un nuevo récord. Entre ellos figuran 40 personas que eran menores de edad cuando fueron detenidas.
El informe completo está disponible en el sitio de Cubalex: El castigo extendido: necesidades de las personas presas políticas en Cuba y de sus familias.
