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La libertad digital en Cuba volvió a quedar entre las más restringidas del mundo, después de que Freedom House otorgara a la isla una puntuación de apenas 19 sobre 100 en su informe anual Freedom on the Net 2026. El estudio clasificó al país como «No Libre» y señaló la censura, la vigilancia estatal y los castigos contra quienes expresaron opiniones críticas en internet.
La evaluación examinó las condiciones de acceso a la red, las restricciones sobre los contenidos y las vulneraciones de los derechos de los usuarios en 38 países. Cuba perdió dos puntos respecto a la edición anterior, cuando obtuvo 21, y consolidó su posición entre los entornos más restrictivos para el ejercicio de los derechos digitales. La isla también figuró como «No Libre» en ediciones anteriores del informe de Freedom House sobre internet.
El informe también documentó obstáculos relacionados con la crisis energética, el encarecimiento de los servicios de conexión y las medidas adoptadas por las autoridades contra ciudadanos que utilizaron las plataformas digitales para cuestionar al régimen castrista.
Con ese resultado, Cuba quedó entre los cinco países peor evaluados de los 38 analizados, junto a China, Irán y Myanmar, con 9 puntos cada uno, y Rusia, con 16.
Censura y vigilancia bajo el régimen castrista
La puntuación obtenida por Cuba reflejó las limitaciones que enfrentaron los ciudadanos para acceder a información independiente, publicar contenidos críticos y utilizar internet sin temor a represalias.
Freedom House identificó el bloqueo de sitios informativos independientes, la vigilancia de las comunicaciones y las condenas de prisión contra personas que se expresaron en redes sociales entre los principales problemas del entorno digital cubano.
La organización también advirtió sobre el deterioro de las garantías relacionadas con la privacidad. En su evaluación, el apartado dedicado a las vulneraciones de los derechos de los usuarios incluyó referencias a posibles prácticas de vigilancia y al acceso indebido a cuentas de activistas, opositores y periodistas independientes.
El capítulo dedicado a la libertad digital en Cuba señaló que la empresa estatal de telecomunicaciones ETECSA aparentemente facilitó ataques contra cuentas de redes sociales y comunicaciones de activistas, opositores y periodistas independientes. Esta evaluación llevó a Freedom House a reducir de uno a cero la puntuación del indicador sobre ataques informáticos generalizados.
La situación evidenció los riesgos que afrontaron quienes utilizaron herramientas digitales para denunciar abusos, difundir información o coordinar iniciativas ciudadanas.
Publicar en redes sociales también puede terminar en prisión
El informe identificó las represalias judiciales como otro de los factores que agravaron las restricciones en Cuba. Durante el período evaluado, varias personas recibieron condenas de varios años de cárcel por convocar protestas a través de las redes sociales.
Freedom House destacó que entre las sentencias documentadas figuró una pena de 14 años de prisión. Estos castigos contribuyeron al retroceso del indicador que mide las posibilidades de organización, movilización y participación en campañas políticas o sociales mediante internet.
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Entre los casos citados en el informe figuran la condena de siete años de prisión contra el activista Alexander Verdecia y la de cinco años contra Yasser García López por publicaciones en Facebook.
El caso cubano mostró que las restricciones no se limitaron al bloqueo de páginas o a las dificultades para conectarse. La amenaza de sanciones penales también condicionó la capacidad de los ciudadanos para expresar sus opiniones y participar en debates públicos.
En este contexto, la libertad digital en Cuba quedó comprometida por un sistema en el que las publicaciones en plataformas sociales podían exponer a sus autores a investigaciones y procesos judiciales.
Las redes, sin embargo, continuaron siendo espacios de denuncia. Pese a los riesgos, ciudadanos cubanos recurrieron a internet para cuestionar decisiones de las autoridades, compartir información sobre la situación nacional y recordar acontecimientos vinculados con la represión política.
El precio de conectarse y la crisis energética
Las dificultades económicas también agravaron el panorama de la libertad digital en Cuba. Freedom House señaló que el deterioro del sistema eléctrico provocó interrupciones prolongadas de la conectividad, mientras que los problemas de asequibilidad limitaron las posibilidades de acceso de una parte de la población.
En 2025, las decisiones comerciales de ETECSA generaron críticas entre los usuarios, especialmente entre los jóvenes. El llamado «tarifazo» de mayo de ese año motivó un paro de estudiantes universitarios y una ola de rechazo en las redes sociales contra el encarecimiento de los servicios de telecomunicaciones.
Las restricciones económicas se sumaron al control estatal sobre la infraestructura de conexión. En un país donde la empresa estatal ocupa una posición dominante en el sector, las dificultades para pagar los servicios y las interrupciones eléctricas redujeron las oportunidades de acceso a información y comunicación.
La combinación de estos factores profundizó las barreras que enfrentaron los cubanos para utilizar internet como una herramienta de participación ciudadana.
Aumentan las alertas por las restricciones a la expresión
El deterioro de los derechos digitales coincidió con otras denuncias sobre las limitaciones a la libertad de expresión y de prensa en la Isla.
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), perteneciente al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), documentó 134 violaciones de la libertad de expresión y de prensa durante septiembre, según los datos proporcionados por la organización.
De ese total, 95 incidentes correspondieron a vulneraciones de la libertad de expresión y 39 afectaron directamente a la libertad de prensa. El organismo registró un incremento del 57,6 % respecto a septiembre de 2025 y un aumento intermensual del 129,4 % en los casos relacionados con la prensa.
Las cifras reflejaron un escenario de creciente presión sobre quienes informaron, publicaron opiniones o cuestionaron las decisiones de las autoridades.
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