El régimen castrista se volvió a burlar de los presos políticos y sus familiares, y volvió a quedar en evidencia luego de que la reciente Gaceta Oficial expusiera la farsa monumental detrás del supuesto “gesto humanitario” anunciado para la pasada Semana Santa.
Tras meses de incertidumbre y propaganda descarada, el decreto que prometía libertad para 2.010 personas se redujo a una burla cruel: apenas un solo individuo, clasificado en la categoría de presos políticos, figura en la lista definitiva.
La dictadura mantiene su maquinaria de represión
Esta maniobra cínica confirma que el aparato represivo de la dictadura carece de cualquier voluntad real de liberar a quienes sufren en sus mazmorras por disentir.
La publicación tardía del listado, casi dos meses después de la promesa mediática, demuestra el desprecio absoluto de la cúpula por la transparencia. Mientras el puesto a dedo Miguel Díaz-Canel se llenaba la boca hablando de soberanía y humanitarismo, el sistema judicial mantenía su maquinaria de opresión funcionando a pleno rendimiento contra los presos políticos que aún sufren en las cárceles de la isla.
La revisión minuciosa de la base de datos de la organización Prisoners Defenders deja al descubierto la mentira. Hasta finales de abril, la ONG denunciaba que no existía rastro alguno de presos políticos entre los beneficiarios del Decreto presidencial 1212/2026.
Al final, el único nombre rescatado de la infamia es Iván Leydis Acosta Matos, un joven de 25 años cuya historia personal ejemplifica el abuso sistemático del régimen cubano.

La dictadura, para disfrazar su naturaleza dictatorial, utilizó contra él cargos como atentado, una figura jurídica comodín que el Estado emplea para aplastar la libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación y asociación.
El rechazo internacional ante la falta de transparencia
La realidad es que el régimen castrista utiliza estos listados como herramientas de relaciones públicas internacionales, no como actos de justicia. Organizaciones como Amnistía Internacional ya advirtieron, que estas excarcelaciones estaban marcadas por la falta de transparencia y discrecionalidad.
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La dictadura se niega a soltar a sus rehenes, manteniendo una política de terror donde los presos políticos son moneda de cambio para sus juegos diplomáticos. Incluso el Centro de Información Legal Cubalex calificó desde el 3 de abril este proceso como una farsa sin garantías, dejando claro que el régimen prefiere continuar su política represiva antes que otorgar libertades básicas.

El secretismo que oculta el sufrimiento
Es indignante observar cómo el decreto presidencial evita cualquier aclaración sobre la situación legal de los liberados. Mientras tanto, cientos de cubanos inocentes permanecen encerrados, víctimas de un sistema que fabrica delitos para justificar su encarcelamiento.
Estos presos políticos, lejos de ser libres, continúan bajo el yugo de una dictadura que no conoce el perdón ni el respeto por la dignidad humana.
Una tiranía sin voluntad de cambio
La burla es total. El régimen excluyó del indulto, bajo la excusa de proteger la seguridad, a cualquier perfil que realmente supusiera un riesgo para su estabilidad, asegurándose de mantener tras las rejas a quienes representan una amenaza real para el modelo fallido.
La lucha de los presos políticos continuará, a pesar de que la tiranía intente minimizar su impacto con listas manipuladas. La comunidad internacional no puede dejarse engañar por esta cortina de humo. La liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos es la única exigencia válida ante una dictadura que no sabe hacer otra cosa que mentir para perpetuarse.
La dictadura está desnuda, y su irrespeto por los derechos humanos es más evidente que nunca. La cúpula sigue usando la cárcel como su herramienta política predilecta para silenciar a todo el pueblo cubano.